En respuesta a las alzas constantes en el precio del gas LP, la semana pasada el gobierno federal fijó precios máximos de venta al público para este combustible, los cuales entraron en vigor el lunes pasado. Al día siguiente, miles de expendedores del energético (principalmente en el Valle de México, pero también en Pachuca y algunas zonas de Veracruz y Morelos) iniciaron un paro de labores porque, según argumentaron, los topes en el importe que pueden cobrar al usuario final les dejan un margen de ganancia tan bajo que no compensa sus actividades.
Los propios gaseros explicaron que sus actos de protesta no afectarían a “clientes prioritarios” ni áreas esenciales como hospitales, comedores públicos o instalaciones vulnerables, y ayer al mediodía la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que “no hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional”. Horas después, el líder de la Unión de Gaseros del Valle de México, José Adrián Rodríguez, dio por concluido el paro de labores, anunció que se reanudaba la venta del combustible y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a escuchar sus reclamos y entablar negociaciones sobre los precios máximos.
Salvando todas las diferencias, el paro gasero recuerda lo sucedido a inicios del actual sexenio con el combate al robo de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos: el esfuerzo gubernamental para poner fin a los actos de saqueo produjo un desabasto temporal de gasolinas, que fue producto tanto de la propia escasez al cerrarse el suministro, como de las compras de pánico en que incurrieron algunos ciudadanos. Así ha ocurrido ahora con la voluntad oficial para acotar los abusos en el precio del energético, que es un insumo vital en siete de cada 10 hogares mexicanos: el ordenamiento de los cobros desmedidos dio pie a un corte parcial en el suministro, el cual pudo levantarse rápidamente y queda como un escollo momentáneo que no opaca el beneficio de acceder a este bien a precios más bajos.
Aunque cabe saludar la pronta reanudación de las actividades de venta al público usuario, está claro que el malestar de los gaseros permanecerá mientras no se resuelva el asunto de fondo. De las quejas expresadas por estos actores, conocidos en su industria como “comisionistas” por vivir de la comisión o diferencia entre el costo en que adquieren el gas a las grandes distribuidoras y el precio que cobran al consumidor final, se infiere que el problema estriba en la opacidad y arbitrariedad con que esas empresas distribuidoras fijan el precio de este insumo. En efecto, la evolución del costo del gas en los meses recientes revela que los incrementos tienen más que ver con la voracidad empresarial que con factores objetivos como la inflación, a la cual han superado ampliamente y que es más un efecto que una causa del aumento en las tarifas del energético.
Estas alzas artificiales y caprichosas por parte de las distribuidoras privadas, reafirman la necesidad de contar con una empresa del Estado que provea el insumo a precios que apoyen en vez de lastimar la economía de las mayorías. Asimismo, constituyen un llamado a las autoridades para que apresuren la puesta en marcha de la instancia creada para ese propósito, Gas Bienestar, la cual impactará de manera positiva en las finanzas domésticas en la medida en que funcione con eficiencia y cuente con la cobertura necesaria para atender a la población.
