El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, vetó la nueva Ley de Educación aprobada el 20 de julio por el Congreso estatal, la cual obligaba a las escuelas públicas de la entidad a enseñar “el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Homero Cantú, presentó un escrito ante el Legislativo, en el cual formaliza el veto a la reforma.
El documento detalla que la modificación a la ley no incluye un estudio de impacto económico que las nuevas disposiciones en el erario estatal, como se estipula en la Ley de Disciplina Financiera.
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), primera fuerza en el Legislativo, respondió que no existen motivos para que el gobierno estatal rechace la nueva ley.
“Es muy lamentable el veto. Siempre estuvimos en contacto con la Secretaría de Educación y con la Tesorería del estado”, dijo en rueda de prensa.
En Hidalgo, los tres diputados del PAN en el Congreso estatal, Claudia Lilia Luna Islas, Asael Hernández Cerón y María Teodora Islas Espinoza, acudieron a la sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para interponer un recurso de revisión al dictamen mediante el cual la mayoría morenista de la 64 Legislatura votó en favor de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Según los legisladores panistas, se les negó el derecho a manifestar su postura y emitir su voto durante la sesión del Congreso en la que se aprobaron las modificaciones a la Ley de Salud y el Código Penal, el pasado 30 de junio.
Es la segunda ocasión en que los legisladores intentan echar abajo la legalización del aborto –la cual ya está vigente– mediante recursos en tribunales electorales.
El 19 de julio, el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo desechó un recurso similar promovido por los mismos legisladores. Los magistrados se declararon incompetentes para resolver este juicio por considerar que se circunscribe a la esfera del derecho parlamentario y no al ámbito electoral.
