Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este miércoles 21 tesorerías municipales de Michoacán y bloquearon tres casetas de cobro de la autopista México-Guadalajara, así como el puesto de peaje de la vía Morelia-Lázaro Cárdenas en el municipio de Taretan, para exigir al gobernador perredista Silvano Aureoles que les paguen la segunda quincena de julio y prestaciones.
Ayer, tercer día consecutivo de movilizaciones magisteriales, la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) estatal informó a la dirigencia de la CNTE que el 12 de agosto se pagará la quincena adeudada a cerca de 32 mil profesores.
En respuesta, la agrupación sindical anunció más protestas, con el argumento de que las autoridades “no saben ni cuándo van a pagar”.
El dirigente gremial Gamaliel Guzmán aseguró: “La falta de pago no es responsabilidad del gobierno federal, porque hay información que asegura que ya se entregó la partida presupuestal al gobierno del estado”, por lo cual “no hay excusa para retardar” la entrega de salarios.
Adelantó que los mentores nuevamente se apoderarán este jueves de oficinas de rentas municipales y que la CNTE realizará una concentración en Morelia el viernes.
En tanto, afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) acordaron salir del palacio de gobierno en Chilpancingo, al igual que de instalaciones de la Sefina en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Tlapa, Arcelia, Chilapa, Zihuatanejo, Teloloapan, Iguala y Taxco, que mantuvieron en su poder desde el lunes pasado.
El fin de las movilizaciones fue resultado de que la administración estatal perredista cumplió las demandas del Suspeg e hizo un depósito al fideicomiso Plan Flexible, al cual los burócratas sindicalizados pueden pedir préstamos.
Alejandro Reyes Ziga, secretario general de la sección 47 del Suspeg, afirmó que la organización tiene una lista de casi mil solicitudes de préstamos que no ha concedido por la falta de recursos del Plan Flexible.
Mientras, el gobernador priísta de Colima, Ignacio Peralta, dio a conocer que fracasaron sus gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pagar a unos 5 mil burócratas la quincena que debió entregar el 30 de julio.
El 29 de julio Peralta adelantó que no pagaría a los empleados estatales porque debió cubrir alrededor de mil millones de pesos por un crédito de corto plazo, a fin de evitar multas y sanciones estipuladas en la Ley de Disciplina Financiera.
