El paro convocado por vendedores finales de gas licuado de petróleo (LP) en varios estados de la república concluyó este miércoles, tras un día y medio, y pocas horas después que el gobierno federal anticipó acciones para restablecer el abasto a los hogares, incluida la participación de la Guardia Nacional.

La decisión de reanudar la venta de gas LP, el utilizado en siete de cada 10 hogares del país, fue tomada de manera unilateral por los comisionistas –los intermediarios entre las empresas gaseras y el consumidor final–, sin que hubiera un acuerdo con el gobierno federal sobre su margen de ganancia, el cual quedó reducido por la política de fijación de precios iniciada la semana pasada, informó José Adrián Rodríguez, líder de la Unión de Gaseros del Valle de México. No hubo acuerdos con el gobierno federal, pero tampoco se trata de dejar a los mexicanos sin el servicio de combustible, dijo.

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), informó que “hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país. No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional.”

El gobierno trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar, agregó la funcionaria.

En las primeras horas del miércoles no hubo servicio de suministro del energético en parte de la Ciudad de México, municipios del estado de México y Veracruz, mientras en Hidalgo y Puebla se reportó la normalización de actividades. Diez minutos antes de las 15 horas, la distribución del combustible fue restablecida de manera paulatina.

En las redes sociales los usuarios expresaron la falta del energético, lo cual dio pie para que se observara la venta de gas LP de forma clandestina.

“De manera clandestina llevan tanques a las personas que son clientas y tienen el teléfono del distribuidor. Pero no están pasando (los repartidores). A ver en cuánto chin... lo suben, porque aquí ya estábamos pagando 560 por un tanque de 20 kilos”, dijo Carmen Sánchez, habitante de Iztacalco.

En su cuenta de Twitter, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas) dijo que con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sener, el gobierno de la Ciudad de México, al Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional “se garantiza la seguridad en la distribución de gas LP y con el trabajo y compromiso de todas las plantas distribuidoras se restablece y garantiza el suministro a todos los consumidores”.

“Estamos ya en actividades”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa al referirse a la culminación del paro de suministro por parte de los comisionistas. Apuntó que durante el tiempo que duró la protesta por la inconformidad sobre la fijación de precios máximos de gas LP por parte del gobierno federal, 85 por ciento de la actividad en el sector se vio interrumpido en el Valle de México.

Rodríguez comentó que no tuvieron contacto con las empresas gaseras, ni con las autoridades federales, pero confiaron en la palabra del Presidente López Obrador sobre el otorgamiento de garantías laborales y de seguridad.

El líder del gremio gasero nacional reiteró que con la fijación de precios ahora las gaseras les ofrecen comisiones de entre 40 y 50 centavos por litro de gas LP, cuando antes eran mayores a 2 pesos.

Piden venta directa

Jafet Sainz Villareal, coordinador general de la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), que congrega a parte de los piperos, informó que determinaron levantar el paro y reiniciar el abastecimiento del combustible en sus mil 200 distribuidoras, microempresas y estaciones afiliadas a la organización.

“Estamos pidiendo alguna fórmula que tome en cuenta al gremio y pedimos al Presidente que nos venda el gas directamente de Pemex y con eso se acaban muchos vicios que hay”, planteó y sostuvo que esperarán al viernes para que les brinden una solución a sus demandas, de lo contrario volverán al paro.

Las seis grandes empresas distribuidoras de San Juan Ixhuatepec, dónde se ubican las principales abastecedoras de gas LP del Valle de México –UniGas, GasMetropolitano, Gasomatico, GlobalGas, Gas y Servicio y VelaGas– reanudaron actividades la tarde de ayer, luego de permanecer inactivas debido a que vendedores por comisión les habían impedido operar.

(Con información de Javier Salinas Cesáreo y Silvia Chávez González, corresponsales)

Precio máximo, medida temporal hasta equilibrar el mercado, explica

Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

El gobierno federal inició un análisis jurídico para revisar si la negación de servicio por parte de las gaseras en el Valle de México y en Pachuca es un delito, por tratarse de un insumo básico; de ser así, se interpondrá denuncias, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que frente al intento de “doblegar al Estado” con dichos paros que, puntualizó, no se replicaron en todo el país, el gobierno no será rehén de quienes buscan sacar provecho personal, por lo que insistió que se hará “un análisis de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población como es el gas, qué procede si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores, contra los comisionistas”.

Luego de registrarse protestas de gaseros en contra de los precios máximos de gas LP fijados el fin de semana, el mandatario anunció un plan de tres acciones frente a esta problemática entre las que se encuentra enviar a la Guardia Nacional para ofrecer seguridad a los distribuidores y comisionistas, quienes argumentaron temer por posible vandalismo que pudiera afectar pipas y camiones.

En su conferencia de prensa diaria, aclaró que el precio máximo es una medida temporal o transitoria hasta equilibrar precios, porque estaban afectando la economía familiar, lo cual ya explicaron funcionarios de la Secretaría de Energía a los gaseros.

No obstante, “a la primera, algunos responden con estas protestas, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado. Pues no, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentarlo”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Tras reiterar las cifras de ahorro generados por el combate al robo de combustible (que ascienden a 157 mil 330 millones de pesos en su administración), apuntó que por ello “no es en vano resistir estas presiones; si no, vamos a ser rehenes de quienes buscan provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo”.

A diferencia del precio del gas que “se fue hasta las nubes porque los distribuidores están abusando”, subrayó que los de la energía eléctrica, la gasolina y el diésel se han mantenido abajo de la inflación.

Ante este contraste, defendió que el tope máximo de precio del gas no atiende a una decisión arbitraria, sino que fue definido tras un análisis de costo en el que se tomó en cuenta en cuánto lo vende Pemex y los gastos de operación para permitir una utilidad “justa y razonable”, pero lamentó que “quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente”.

El precio máximo publicado el sábado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será revisado cada semana, agregó.

López Obrador explicó que el asunto del paro de gaseras es analizado al más alto nivel, en el gabinete de seguridad, así como con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los titulares de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía para garantizar el abasto.