El Congreso capitalino pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que aplique un programa emergente de verificación a las empresas distribuidoras de gas en la Ciudad de México con el fin de garantizar la venta de cilindros de 20 y 30 kilogramos con el peso exacto, así como la cantidad que se surte en los tanques estacionarios.
A propuesta del diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, se agregó una segunda resolución que mencionó Marisela Zúñiga Cerón, de Morena, dirigida a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que garantice el abasto y la seguridad en el suministro del gas en la urbe.
Gaviño alertó que la decisión de imponer un tope al precio máximo del combustible a partir del 1º de agosto generará que las empresas “entreguen los tanques con menos cantidad de gas para tener una ganancia mayor”.
El gobierno no tomó previsiones
El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad de la Comisión Permanente, pero generó un debate con legisladores de Morena luego de que el perredista afirmara que el gobierno federal no tomó previsiones a la reacción de los empresarios “al establecer artificialmente un precio máximo”, lo que además traerá desabasto en la zona metropolitana del valle de México.
En su propuesta, Gaviño mencionó la necesidad de que “el Estado actúe con firmeza y decisión para controlar el costo y a las empresas que distribuyen el combustible a fin de garantizar a la población el gas a precio justo y con el peso exacto”.
En su exposición en tribuna, el legislador del sol azteca criticó las medidas que anunció por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador de comisionar a la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de las distribuidoras ante el amago de los comisionistas independientes de dañarlas y la posibilidad de presentar denuncias. Gaviño aseguró no procederían porque los transportistas son dueños de los camiones “y si no quieren salir no lo harán, no se les puede obligar”.
Ricardo Fuentes Gómez, también de Morena, sostuvo que la CRE debió tomar medidas para evitar un incremento desproporcionado en el precio del gas y desde hace dos años el presidente López Obrador ha puesto en duda si ese organismo funciona de manera adecuada, por lo que no se puede acusar al gobierno de no haber tomado previsiones.
