El móvil se llama huachicol. El crimen organizado se apoderó de la distribución del gas LP (licuado de petróleo) en el valle de México, impuso precios, repartió territorios y condicionó las ventas minoristas bajo sus reglas de interés. Aun hoy, 15 por ciento de ese combustible que se vende en el área metropolitana de la Ciudad de México es robado.
Así, casi todo el gas que compra la gente en esta parte del país es hurtado. Al principio, los precios empezaron a bajar, el huachicol tenía que comercializarse rápido y por debajo de los precios que daban los distribuidores oficiales, pero conforme se apoderaron de los territorios de venta, los gaseros empezaron a condicionar el costo y, con el mercado dominado, los territorios divididos en los que no existía competencia, se lograron grandes ganancias, cuando menos en los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La organización de las operaciones se estableció desde la administración de Felipe Calderón, cuando, según se sabe, quienes obtenían el combustible ilegal detectaron problemas de distribución. Las empresas competían, muchas veces hasta con violencia, por los territorios. Los “sindicatos” llegaron entonces a poner orden y dividieron la metrópoli. Quien trasponía fronteras era castigado.
El problema se agravó porque a la llegada de los gobiernos actuales, federal y local, el incremento del precio denotó una actividad, no sólo desconcertante para el mismo mercado, sino retadora hacia el gobierno. La amenaza del desabasto, siempre utilizada para cubrir de impunidad a quienes se insertan en el mercado, aun con formas ilegales, suponía la carta a jugar por parte de los integrantes del crimen organizado, pero por el contrario, los operativos para frenar las ventas ilegales redujeron el margen de movilidad de los huachicoleros.
A la disminución de las ventas y aumento de precios, ese fue el último golpe, el que amenazó con dejar sin combustible a la capital del país y al estado de México, únicas dos entidades en las que existe la figura de comisionista, es decir, aquellos que tienen territorios delimitados y que en buena parte han sido coptados por el crimen organizado.
Los distribuidores, que en buena parte fueron amenazados para impedir la distribución el día de ayer, han llegado a acuerdos mínimos de protección y de mercado para regresar a su tareas. Por su parte, el gobierno no renunciará a fijar un precio justo al gas, pero los revisará constantemente para no provocar conflictos innecesarios.
La tarea es acabar primero con el huachicol y luego poner orden en el mercado, para eso usará la empresa estatal Gas Bienestar, que habrá de llegar adonde sea necesario. Por el momento el asunto parece haberse solucionado, pero aún quedan muchos cabos sueltos. Por ejemplo: a quienes se afectó ayer fue a los miembros más pobres de la iniciativa privada, a los que venden comida en los puestos callejeros. Así que, ¿cuál es la IP que gana en el escenario que vimos ayer?
De pasadita
muestra de la desesperación de la derecha partidista del país es el argumento que han esparcido sobre los gastos que tuvo que hacer el Instituto Nacional Electoral para la consulta sobre el juicio a los ex presidentes. Ahora no fue, como tantas y tantas veces señalaron, para otro tipo de gastos del mismo INE, una inversión en la democracia; esta vez fue dinero tirado a la basura que podría haberse empleado en otras cosas, pero para su infortunio las cosas no fueron así.
Resulta que el organismo electoral advirtió que necesitaba más recursos para efectuar esa consulta o no podría operarla al 100 por ciento, aunque restó mesas receptoras y todo lo que se ha dicho, pero sobre todo, tuvo que utilizar el dinero de su presupuesto, es decir, lo que ya tenía, ni un centavo más, así que ¿cúal dinero tirado a la basura, el que se podría ir en los gastos que acostumbra el organismo?
