Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) difundiera el resultado del cómputo total de la consulta popular sobre el desempeño de los actores políticos del pasado, el lunes por la noche se abrió el periodo legal para la promoción de recursos en contra de actos diversos relacionados con la organización o el cómputo de resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, desahogada la etapa litigiosa, el INE entregará un informe oficial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismo que validará la legalidad del ejercicio.

El INE informó del resultado de 57 mil 70 casillas instaladas –de 57 mil 77 originalmente proyectadas– en las que se emitieron 6 millones 663 mil 208 opiniones, con una participación total de 7.11 por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio, muy por debajo del 40 por ciento necesario que establece la Ley Federal de Consulta Popular para que los resultados sean vinculantes (equivalentes a 37 millones 400 mil votos).

A partir de entonces se abre un periodo de cuatro días para la promoción de medios de impugnación ante el Tribunal Electoral.

Una vez resueltas las impugnaciones presentadas o, en su caso, cuando se agote el plazo y no se presente alguna, entonces, el Consejo General del INE deberá realizar la declaración de validez del proceso de consulta popular, elaborar el acta de resultados finales y remitirlos a la SCJN para que proceda conforme lo dispone la ley de la materia.

El INE interpuso una denuncia penal al detectarse un video en el que se mostraba que en la mesa receptora 2716 básica, de Orizaba, Veracruz, se separaban boletas previamente marcadas para introducir de forma irregular a las urnas. Mientras que en el listado nominal se reportaba la participación de 304 ciudadanos, en el interior de la urna había ya mil 991 papeletas, con lo que se reportó como el incidente de más graves consecuencias en la consulta del domingo pasado.