Managua. La ex reina de belleza Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue inhabilitada para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y será procesada en libertad por el Ministerio Público, informó el miércoles esa entidad gubernamental, después de haberse anunciado que la modelo se encontraba bajo arresto domiciliario.

CxL había dicho previamente que Quezada fue notificada de su detención domiciliaria la noche del martes “por autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía”. Quezada permanece “sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial”, señaló CxL en Twitter.

La modelo de 27 años, que ganó el concurso Miss Nicaragua en 2017, se había inscrito el lunes como compañera de fórmula del ex comandante de la “contra” antisandinista Oscar Sobalvarro para disputarle el poder al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicemandataria Rosario Murillo, confirmados el mismo lunes como candidatos a la reelección por el gobernante Frente Sandinista.

Horas antes de que CxL denunciara su retención domiciliaria, un grupo de sandinistas que se identificaron como “familiares de víctimas del terrorismo” solicitó la inhibición de Quezada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos alegando que la exreina de belleza había realizado “apología del delito” e “incitado al odio y la violencia”.

Tras inscribirse ante el tribunal electoral, Quezada llamó a “votar masivamente” contra la “dictadura” y pidió la liberación de los “presos políticos” encarcelados desde 2018 -unos 140, según la oposición- incluidos siete aspirantes a la presidencia acusados de “traición a la patria” detenidos desde el pasado 2 de junio.

En su comunicado, el Ministerio Público informó que presentó acusación contra Quezada “por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Sin embargo, aclaró que “solicitó que el proceso sea llevado en libertad”.

El portavoz de CxL, Helio Sevilla, confirmó que las autoridades “le quitaron (a Quezada) la casa por cárcel que tenía desde anoche, y ya está en libertad”.

Berenice Quezada es la octava candidata opositora inhabilitada a sólo tres meses de los comicios.

Siete opositores aspirantes a la presidencia están encarcelados y se les acusa de delitos incluidos en la polémica Ley 1055, como cometer “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación, por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “aplaudir sanciones” y “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

CxL convocó a una “reunión de emergencia” de sus directivos para analizar la situación de su candidata, cuya inhibición generó rechazo de los organismos de derechos humanos.

“Repudiamos la persecución del régimen Ortega Murillo contra Berenice Quezada. EXIGIMOS el respeto a todos sus #DDHH y su INMEDIATA LIBERTAD. #NoALaCriminalización”, tuiteó el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos, cuyas oficinas fueron clausuradas y confiscadas por el gobierno en 2018.

También en Twitter la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “condena al arresto domiciliario y la inhibición” de Quezada, mientras Erika Guevara, directora regional de Amnistía Internacional, denunció que “Daniel Ortega ha sido señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad. Miles de víctimas esperan justicia, pero el mismo perpetrador de violaciones de DDHH quiere volver a reelegirse como presidente”.

Las elecciones tendrán lugar en medio de una grave crisis que estalló en abril de 2018 cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados y refugiados, según la CIDH.

El gobierno acusa a los opositores presos de ser “criminales y terroristas” y de haber participado en un “fallido golpe de Estado” para derrocar a Ortega, que gobernó entre 1985 y 1990, volvió al poder en 2007 y aspira a un cuarto mandato consecutivo a partir de 2022.