Autoridades del gobierno capitalino y de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán reconocieron su responsabilidad en hechos que evidenciaron acciones de “limpieza social”, con el argumento de que las personas en situación de calle pueden constituir focos de inseguridad o de insalubridad.

En el acto de reconocimiento de la recomendación 15/2018 de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, relativa a la criminalización y retiros forzados de 76 personas en situación de calle, se comprometieron a adoptar medidas de no repetición, así como evitar actos de autoridad en contra de quienes viven o transitan por la capital del país, tras esos hechos cometidos entre los años 2012 y 2017 por una limitada coordinación interinstitucional que había en el pasado, señalaron.

El desconocimiento del paradero de las víctimas ha impedido que se apliquen las medidas de restitución, pero es posible impulsar acciones para garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder, afirmó la presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez.

Con el reconocimiento de responsabilidad, se da un primer paso para consolidar el tránsito de la mirada tradicional de asistencia social hacia un enfoque de garantía de derechos, que les permite ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afecte.

El Estado, por conducto de sus instituciones, tiene el deber reforzado de evitar este tipo de discriminación estructural contra la “ciudadanía más invisibilizada y más despojada de personalidad jurídica y social: la población en situación de calle”, afirmó.

La recomendación adjudica responsabilidad a las secretarías de Desarrollo Social, hoy de Bienestar Social, y de Gobierno; y a dichas alcaldías, por nueve casos: cinco de retiros forzados y destrucción de pertenencias, dos de detenciones arbitrarias y dos de agresiones.

Esas autoridades reconocieron su responsabilidad en tales hechos que evidencian acciones de limpieza social con el argumento de que esas personas pueden constituir focos de inseguridad o de insalubridad, y contribuyen a fortalecer estigmas y perjuicios que discriminan, expuso.

Nuevo protocolo

Las acciones documentadas en la recomendación, precisó, evidenciaron que en sus actuaciones para dotar de seguridad o recuperar los espacios públicos, algunas personas servidoras públicas omitieron respetar la dignidad de esa gente.

La secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Rojo, informó que hoy se cuenta con un nuevo protocolo interinstitucional de atención integral y un modelo específico de inclusión de las cuatro A: acercamiento, atención, activación y acompañamiento.

El espacio público es un espacio de convivencia, de diálogo, de derechos de todos los ciudadanos, y estamos en contra de acciones violentas para el retiro forzado de esta población, afirmó a su vez el subsecretario de Gobierno, Efraín Morales.

Los representantes de Cuauhtémoc, Adolfo Román; de Venustiano Carranza, Marco Carballo, y de Coyoacán, José López, rechazaron cualquier acto de discriminación, exclusión y violación de derechos, como a la salud, de identidad o acceso a la justicia; y la criminalización de quienes viven en situación de calle.