Raúl de Jesús Torres Guerrero, diputado migrante electo al Congreso de la Ciudad de México, tiene un contrato vigente en la Cámara de Diputados como asistente de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), con una remuneración de 31 mil pesos mensuales, lo que prueba que su actividad económica preponderante la desarrolla en el país y no como residente en el extranjero.

Al exhibir los contratos que el panista ha firmado en el Legislativo federal desde 2017, ex candidatas de los partidos Morena, de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo anticiparon que impugnarán la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) que en la madrugada de ayer validó la elección y el triunfo del panista al desestimar esas y otras pruebas que presentaron para demostrar su inelegibilidad.

“En cuanto nos sea notificado vamos a ir a la siguiente instancia para ir a la impugnación” anunció Sandy Choreño Rico, del PRD, en conferencia virtual con Verónica Puente Vera, de Morena, y el dirigente en Chicago del Frente Nacional de Inmigrantes, Carlos Arango, quien sostuvo que el tribunal “validó una farsa pese a todas las pruebas que se han conseguido para demostrar que Raúl Torres no tiene residencia en Estados Unidos. En Nueva York, en las asociaciones nadie lo conoce”.

Puente Vera exhibió el contrato que el panista firmó el primero de septiembre de 2020 ante la directora general de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Rosario Elizabeth Daniel Pablo, que en su cláusula quinta fija como tiempo de vigencia del primero de enero al 31 de agosto de 2021.

La cláusula octava establece que “el prestador manifiesta estar enterado de que los servicios materia de este contrato serán proporcionados y reportados al Comité de Administración del grupo parlamentario del PAN, tercer año legislativo, por lo que corresponde al titular de la instancia solicitante y al servidor público designado por éste, verificar su cumplimiento”.

Vera obtuvo además, vía transparencia, los contratos de 2017, por todo el año, en los que Torres firmó como “asesor A” con una remuneración de 35 mil 520 pesos mensuales. El de 2018 comprende de septiembre a diciembre como asistente por 31 mil pesos mensuales y de 2019 y 2020 son dos contratos por año, de enero a agosto y de septiembre a diciembre, también como asistente.

“No nos sorprenden las artimañas de la oposición para llegar al Congreso con una falaz condición de migrante; tampoco la decisión del Tribunal Electoral que durante este proceso electoral ha tomado decisiones parciales, beneficiando intereses particulares y no acatando la voluntad popular”, señaló a su vez la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Martha Ávila Ventura, relecta para continuar en el cargo en la próxima legislatura, quien participó también en la conferencia con su compañera de bancada Donají Olivera Reyes, quien reprochó la omisión de la autoridad electoral en verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

El también morenista Alejandro Robles, desde Canadá –adonde tuvo que huir en 2016 ante la persecución del entonces delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, apoyado por la entonces procuraduría de justicia capitalina mediante falsos testimonios–, agregó que “Torres es un usurpador, pero no actúa en solitario”, e instó a las ex candidatas a acudir hasta la última instancia para revocar la elección.