Ciudadanos que promovieron la consulta popular del pasado 1° de agosto llamaron a formar el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, para juzgar a los políticos y sus acciones del pasado (https://bit.ly/3foT4tK y https://bit.ly/3C7Mjq6. Morena respaldó la iniciativa. Buscan coadyuvar a las investigaciones de las autoridades judiciales y romper con el pacto de impunidad.
Se trata, explicaron, de un tribunal de conciencia que empuje la justicia. Para ello, convocarán a sesiones públicas para que las víctimas den su testimonio. Elaborará expedientes criminales para identificar delitos de lesa humanidad, de democracia, económicos y de saqueo de los bienes nacionales.
Lo ignoren o no sus promotores, la iniciativa no es nueva. El Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México, convocado por figuras como don Raúl Vera, obispo de Saltillo, sesionó entre 2011 y 2014. Casi cualquier defensor de derechos humanos en el país sabe de su existencia. El título de su expediente fue Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Sus conclusiones, que en su momento fueron entregadas a las autoridades gubernamentales y judiciales mexicanas, pueden consultarse en el libro Juicio al Estado mexicano por la violencia estructural causada por el libre comercio (https://bit.ly/3rOL0rl).
El TPP desplegó su trabajo en siete ejes: 1) feminicidio y violencia de género; 2) migración, refugio y desplazamiento forzado; 3) devastación ambiental y derechos de los pueblos; 4) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; 5) violencia contra los trabajadores; 6) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, y 7) guerra sucia y represión como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia.
En tres años se celebraron 10 audiencias temáticas y transtemáticas, alimentadas por 40 preaudiencias. Se presentaron 526 casos, desde represión y asesinatos hasta la subordinación a los intereses de las grandes empresas. Unas mil organizaciones sociales y ciudadanas documentaron fehacientemente la dramática violación de los derechos humanos y de los pueblos en México. En el proceso participaron miles de personas.
Algunas de las sesiones de trabajo fueron particularmente dramáticas. Varias víctimas rindieron su testimonio detrás de mamparas, en medio de fuertes medidas de seguridad, para protegerlas de represalias. El libro Memoria de las resistencias del pueblo de México. Represión a los movimientos sociales y a los defensores de derechos humanos, en el que se recogen las revelaciones presentadas en la Preaudiencia de la guerra sucia, realizada entre el 22 y el 24 de noviembre de 2013, es un documento desgarrador, pues se hace una exhaustiva radiografía de la barbarie oficial contra activistas populares.
El TPP se fundó en 1979 en Bolonia, Italia. Busca hacer visibles y calificar en términos de derecho las situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad. Su objetivo explícito es convertir en permanente la función desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-67) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-76). El TPP aspira a ser tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos. La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel, es la carta fundante que legitima su misión. En ella se reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre determinación.
No cualquiera puede formar capítulos nacionales que se reivindiquen como parte del TPP. Para que éste apruebe iniciativas locales, se deben cubrir estrictos requisitos y un alegato fundado. Aceptada la solicitud, el tribunal, integrado por unas 130 personalidades internacionales, apoya y supervisa los trabajos nacionales.
En el caso mexicano, participaron 85 jurados, muchos destacados juristas de Francia, Brasil, España, Italia, Australia y Argentina, con una larga historia en documentación de arbitrariedades de los estados. Entre otros, se sumaron la francesa Mireille Fanon Mendes France, presidente de la Fondation Frantz Fanon, miembro del Grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas e hija de Franz Fanon; Gill Boheringer, decano de la University de Sydney, Australia, director del Center for the Critical and Historical Study of the Common Law; la argentina Nora Cortiñas, doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y de la Universidad de Salta, por su trayectoria en defensa de los derechos económicos y sociales de los argentinos.
El TPP concluyó: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados y no verdaderos crímenes en que tiene responsabilidad el Estado”.
Han pasado siete años de ese esfuerzo por esclarecer los crímenes del pasado. Muchas más violaciones a los derechos humanos han acontecido desde entonces. Pero sus conclusiones son pertinentes. Pretender ignorar su trabajo es, por decir lo menos, un grave error.
Twitter: @lhan55
