El décimo segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito dejó sin efecto el laudo emitido por la Junta Especial 10, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que establecía que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares la República Mexicana adeudaba pagos a trabajadores por 54 millones de dólares.
El revés judicial “confirma la honorabilidad, honestidad y dignidad del senador Napoleón Gómez Urrutia”, dirigente del sindicato, luego que en abril pasado se emitió el laudo en el que se adjudicaba responsabilidad al dirigente por el supuesto adeudo, señaló el gremio al dar a conocer el nuevo fallo por medio de un comunicado.
Queda demostrado que no estuvo legalmente cumplida la sentencia de amparo en favor del sindicato; “el laudo fue un acto de venganza de la presidenta de la junta, María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien por la trascendencia del asunto tiene injerencia, funcionaria que llegó a ese puesto por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani, e hizo el trabajo sucio a la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde, quien públicamente defendió el actuar de su empleada; sin embargo, nunca tuvieron la razón y menos el derecho”.
A todos ellos exigió una disculpa pública por “falsear información a la opinión nacional y a los medios de comunicación”.
La resolución del Tribunal Colegiado indica, además, que en caso que la presidenta de la Junta Especial 10 de la JFCA no cumpla la resolución, se le impondrá una multa, y se consignará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría derivar en la separación de su cargo.
La controversia legal inició desde la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que el 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Después de que Grupo México, propietaria de la mina, se negó a pagar, inició una huelga que duró 15 años y que concluyó con un acuerdo en el que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.
El proceso judicial derivó en 25 expedientes en total, de los cuales, la junta emitió un laudo basado en 21 de ellos, omitiendo cuatro en los que obran constancias sobre que el sindicato, “sin tener la obligación de ello, ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores”, y corroboran la existencia de más de 10 sentencias en materia penal de diversos tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que indican que los recursos son rectoría del sindicato y no de trabajadores, explicó el gremio en abril pasado.
Debido a dicha omisión, en el laudo se establecía que Gómez Urrutia adeudaba 54 millones de dólares a los trabajadores. No obstante, con la resolución de ayer se dejó sin efecto y se ordenó resolver con base en los 25 expedientes, y no sólo en 21 como se había hecho.
Por la noche, mediante un comunicado, la Secretaría del Trabajo afirmó que el tribunal colegiado ordenó hacer “ajustes” al laudo dictado por la junta para resolver aspectos pendientes de manera integral, pero “sin que ello signifique un cambio en el fondo de las resoluciones” que establecen el pago de 54 millones de dólares.
