El 1º de agosto de 2021 quedará marcado por la primera consulta popular realizada a escala nacional, con base constitucional y legal producto de las luchas de cuatro décadas para abrir camino a formas de democracia directa. Sin embargo, por la muy escasa participación ciudadana, también se juzgará este ejercicio como una derrota de la llamada Cuarta Transformación (4T), porque emanó de su iniciativa para consultar en torno al probable juicio a los cinco ex presidentes de la República en el periodo 1988-2018.
Como sabemos, en el trayecto de formalización de dicha propuesta la Suprema Corte de Justicia reformuló la pregunta a consultar quedando en los siguientes términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Ante tal redacción considerada ambigua se desató la polémica en torno a la necesidad misma de consultar lo que está en la ley. Sin embargo, como toda la clase política estuvo involucrada en el proceso electoral se abrió una suerte de tregua hasta el 6 de junio pasado, a sabiendas de que estaba definido el 1º de agosto como la fecha en la que con la organización del INE se realizaría la consulta popular. Sin que estuviese prohibido hacerlo el tema no apareció en las campañas políticas de los partidos, incluido Morena.
Importa señalarlo porque con un lapso que no alcanza dos meses, se reabrió el debate hasta cierto punto innecesario, pues la consulta se realizaría sí o sí, pero a algunos analistas les importaba deslegitimar este proceso con dedicatoria explícita a su promotor, el Presidente de la República.
Junto al debate se formaron en Morena equipos de promoción a la consulta orientándola al tema inicial, esto es el juicio a ex presidentes aun cuando la pregunta ya no los refería. Ni en el debate ni en el activismo de Morena se colocaron argumentos con la mirada hacia las víctimas de las decisiones que supuestamente se esclarecerían, de lograr la validez de este ejercicio democrático. De pronto, parecía un asunto exclusivo de la arena de los partidos políticos, invisibilizando a los muy numerosos colectivos del movimiento de familiares de desaparecidos. En ese punto el pasado 16 de julio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional definió una postura que nadie esperaba. Declaró en un comunicado titulado “Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta”, que la pregunta a consultar no trata de juzgar ni condenar a nadie. Trata de los derechos de las víctimas de su derecho a la justicia a la verdad y, lo más importante: los pueblos integrantes del EZLN participarían en la consulta pública del 1º de agosto “siguiendo los usos y costumbres de los pueblos originarios, con asambleas comunitarias”, incluso los que tengan credencial que vayan a las casillas, y los que no, será extemporánea la consulta”. (Lo extemporáneo se asume después de la postura racista de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores al negarles el pasaporte porque no fueron registrados al nacer en los tiempos oportunos y ya reflexionando se dieron cuenta que así son considerados).
Esta noticia recordó la decisión de apoyar al Congreso Nacional Indígena en la búsqueda de que apareciera en la boleta electoral María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente a la Presidencia de la República en 2018. También ahora sorprenden porque decidieron participar en la consulta mencionada con sus formas y modos propios. Prueba de ello es que el 31 de julio, un día antes de la consulta oficial, difundieron los avances en el sentido de que los 12 caracoles y sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG) habían recibido las actas de 756 comunidades de originarios, parajes y rancherías, de hablantes de las lenguas de raíz maya zoque, tojolabal, mame, tseltal, tsotsil y cho’ol sobre la consulta popular, las cuales se pronunciaron por el “Sí” como respuesta a la pregunta de “si están o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Este informe y los posteriores se entregarán a los colectivos del movimiento de víctimas en el país. De paso dieron cuenta de que informaron los partidistas que lo único que han hecho los funcionarios del oficialismo es amenazar a la gente con que, si no va a “votar” en la consulta, se les va a “cortar” el apoyo de los programas gubernamentales. Así les mandaron decir: si no quieren perder el apoyo de paga, vayan y pongan que “Sí”. Las viejas prácticas. Mientras a la 4T y al Presidente de la República, sus opositores los señalan como derrotados, el EZLN ya inició la Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia.
