Un juez federal autorizó el concurso mercantil para la empresa Altán Redes, la encargada de desarrollar y operar la Red Compartida, proyecto público-privado para dotar de Internet a las comunidades aisladas del país.
El juzgado séptimo de distrito en materia civil, con sede en la Ciudad de México, ordenó la medida cautelar, que tiene como finalidad buscar que la empresa renegocie sus adeudos millonarios, con la mediación del Instituto Federal de Especialistas de Concurso Mercantil (Ifecom), el cual para el efecto designará a un visitador que revisará las finanzas, activos y pasivos de la firma.
Altán hizo la solicitud de concurso mercantil el 13 de julio pasado, en ese entonces su director general, Salvador Álvarez, aseguró que para esto contaban “con el respaldo de nuestros accionistas y del gobierno de México en este proceso, además de la confianza de nuestros clientes”.
En noviembre de 2016, la empresa ganó una concesión por 20 años para operar la Red Compartida bajo un esquema de asociación público-privada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, la cual pondría a disposición del proyecto su red de fibra óptica.
La firma, cuyo socio mayoritario es Morgan Stanley Infraestructure, con una participación de 33.38 por ciento, tenía como condición comenzar a funcionar el 31 de marzo de 2018, cubriendo cuando menos 30 por ciento del territorio nacional.
Sin embargo, Altán comenzó a tener problemas y negoció con una modificación en su título de concesión con el nuevo gobierno federal, para obtener una prórroga al plazo y poder cumplir con sus objetivos de cobertura, argumentando también las condiciones adversas que planteó la emergencia sanitaria del Covid-19.
En marzo del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al presidente de Altán Redes, Bernardo Sepúlveda, y a su director general Salvador Álvarez, quienes afirmaron que cumplirían con dar cobertura de Internet a 92.2 por ciento de la población antes de que concluya 2024.
