Apenas resuelta por la vía negativa la consulta popular sobre ex servidores públicos bajo sospecha delictiva, ha comenzado la marcha política y mediática rumbo a otro proceso participativo, que podría realizarse el 6 de marzo de 2022 para preguntar a los ciudadanos sobre la revocación o no del mandato del actual Presidente de la República y de gobernadores de estados o jefatura del gobierno capitalino donde se hubiera asumido tal derecho y los mandatarios estuvieran en las correspondientes hipótesis de calendario (aquí, el decreto presidencial: https://bit.ly/3s23eG5).

Activar esos procesos revocatorios, federal y estatales, estará en función de que los interesados junten (a partir del próximo noviembre) firmas correspondientes a 3 por ciento de la lista nominal de electores del respectivo caso, que tales rúbricas sean validadas, al igual que la pregunta correspondiente, y que se autorice el presupuesto público adecuado.

De entrada, ya hay materia para el debate y la impugnación: el Constituyente Permanente (formado por el Senado y los diputados federales, más los congresos estatales: https://bit.ly/3luvVKx) dio, mediante un artículo transitorio, 180 días para que el Congreso de la Unión expidiera la ley federal reglamentaria de esa materia. El plazo expiró el 20 de junio del año pasado.

Apenas este domingo de consulta popular, a menos del cuarto para las 12, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y virtual jefe político del Senado, anunció mediante un comunicado que presentará una iniciativa para buscar la expedición de la citada ley reglamentaria. Habrá de verse si no genera controversia jurídica mayor la tardanza en procesar tal reglamentación y el empalme con tiempos para la emisión de lineamientos que debe hacer el Instituto Nacional Electoral (INE) a finales de este mes (¿sin conocer aún los términos de una ley que no hubiera sido aprobada a esas alturas?). Ha de precisarse que el ejercicio de revocación de mandato no es una consulta popular, y una de las consecuencias de esa diferencia es que el INE buscará presupuesto y condiciones para instalar, no una porción reducida de mesas receptoras de votos, como sucedió este domingo, sino cien por ciento correspondiente a la pasada elección federal (además de los ajustes derivados de incrementos o decrementos que se registren en la lista nominal de electores de aquí a diciembre).

Obviamente, quienes se toparon este domingo con una desalentadora dispersión de mesas receptoras de votos, con una débil difusión de términos de la consulta y con una estructura operativa endeble, notarán que el trato buscado para el ejercicio revocatorio presidencial es muy diferente al asignado a la consulta sobre ex servidores públicos.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, declaró ayer que “si no hay garantías para hacer un ejercicio impecable”, con cien por ciento de las casillas que se requieren de acuerdo al listado nominal, “sería muy delicado” ir a un ejercicio con consecuencias jurídicas “draconianas”, como el que un gobernante que contó con respaldo popular para ejercer un encargo, fuese retirado del mismo ( https://bit.ly/3xjMpYa y video: https://bit.ly/3ymN1gL).

Tal proceso revocatorio fue propuesto por el propio Andrés Manuel López Obrador y es ya un derecho constitucional (establecido en el artículo 35, fracción IX). Ayer, en su conferencia mañanera de prensa, el Presidente de México abordó el tema: “en marzo tiene que haber mucha más participación, es la oportunidad de nuestros adversarios, de los conservadores. No hace falta la violencia, los gritos, los sombrerazos. Con la revocación del mandato es: ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? (...) va a estar interesante la de marzo, es un buen desafío y es la oportunidad para consolidar ya en definitiva estos sistemas de democracia participativa” (https://bit.ly/2TNVIle). ¡Hasta mañana!

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