Monterrey. El Gobierno de México no ha avanzado en la investigación de la desaparición forzada de Roy Rivera Hidalgo, pese a las exigencias que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril pasado, dijo el colectivo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL).

El pasado 23 de abril, a 10 años de su desaparición, el caso de Rivera Hidalgo fue calificado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU como una “desaparición forzada atribuible al estado mexicano”, logrando así la primera resolución en este sentido para un caso mexicano, marcando de esta forma un precedente para las personas desaparecidas y sus familias.

El dictamen se dio luego de que FUNDENL agotara las instancias nacionales por la desaparición forzada ocurrida en 2011, cuando Roy tenía 18 años; el estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue sacado de su casa en el municipio de San Nicolás de los Garza por un grupo de hombres armados que portaban chalecos de la policía municipal de Escobedo el 11 de enero de 2011, durante la guerra contra el narcotráfico implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Meses después, en junio de 2011, Leticia Hidalgo, madre de Roy, denunció por primera vez públicamente la desaparición de su hijo, iniciando la conformación del colectivo FUNDENL con madres y padres que habían sufrido el mismo delito.

De acuerdo a esta organización, el dictamen internacional que exige al gobierno mexicano "una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial y transparente sobre las circunstancias de la desaparición del señor Rivera Hidalgo", ha sido ignorado por la Federación.

"Hace diez años el Estado Mexicano no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad de Roy Rivera Hidalgo y de miles de personas más, que aún continúan desaparecidas", comentó la organización de familiares de desaparecidos.

“En el transcurso de estos diez años, el Estado Mexicano no ha tenido la capacidad para buscar, investigar y localizar a Roy Rivera Hidalgo, lo que derivó en el dictamen 3259/2018 del Comité de Derechos Humanos de la ONU”.

“Hoy, a más de tres meses de emitido este dictamen, el Estado Mexicano continúa sin las capacidades necesarias, ahora para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, explicó.

De acuerdo a la organización, el gobierno federal ha “manifestado su falta de capacidad” para crear un Grupo Interdisciplinario Independiente de al menos cinco expertos, convocar a autoridades con atribuciones para la toma de decisiones, que permitan llegar a acuerdos y proponer un recurso efectivo con mecanismos distintos a los que no han funcionado en diez años, todas exigencias de la sentencia del Comité.

“Ante este panorama, la familia Rivera Hidalgo y sus representantes, hemos tomado la decisión de crear nuestro propio Grupo Asesor Interdisciplinario Independiente, convocando a diferentes expertos y buscando recursos propios para financiarlo”.

Además del financiamiento, la familia de Roy solicitó al gobierno crear una Unidad Especial de Litigación e Investigación del caso y remover todos los obstáculos para la búsqueda y la investigación del mismo.

El documento se encuentra firmado por FUNDENL, la familia de Rivera Hidalgo y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. y está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez y a la Comisionada Nacional de Búsqueda Karla Quintana Osuna.