Pantelhó, Chis. Con la presencia de funcionarios federales y estatales, así como representantes de las 86 comunidades indígenas y de los 18 barrios de este municipio, hoy por la mañana se instaló una mesa de diálogo para tratar de encontrar una solución a la crisis que prevalece en este lugar.

Fuentes oficiales informaron que los puntos a tratar son que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay un problema, que es la existencia del crimen organizado en el ayuntamiento; justicia para las víctimas de delitos —investigación, detención y castigo a los responsables—; ser reconocidos como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres.

Asimismo, se acordó que se realice una auditoria al ayuntamiento de Pantelhó durante la gestión de los perredistas Santos López Hernández, y la presidenta municipal interina, Delia Yanet Velazco Flores, que concluye el 30 de septiembre próximo; que se prohíba el funcionamiento de cantinas y la venta de drogas, y que se declare al municipio de Pantelhó libre de alcohol y drogas, además de que renuncie Velasco Flores.

#VideosLaJornada Este martes inició la Mesa de Diálogo entre pobladores de las 83 comunidades indígenas de Pantelhó y autoridades chiapanecas y federales. El lugar es resguardado por elementos del Ejército Mexicano.

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— La Jornada (@lajornadaonline) August 3, 2021

Los pobladores de las 86 comunidades y los 18 barrios advirtieron que no permitirán que el alcalde perredista electo, Raquel Trujillo Morales, asuma el cargo.

El encuentro se lleva a cabo en el jardín de niños y niñas Francisco Javier Soler, que se localiza a cinco cuadras del parque central.

Los dos extremos de la cuadra en la que se ubica el centro educativo están resguardados por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, así como pobladores que impiden el paso de los periodistas.

Entre los asistentes se encuentran Josefina Bravo, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación; Martín Longoria, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); funcionarios del gobierno de Chiapas; representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) e integrantes de la comisión de mediación nombrada por la diócesis de San Cristóbal, encabezados por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, entre otros.