Mexicali, BC., A cuatro meses de que concluya su gestión, el gobierno de Baja California otorgó la concesión del servicio de verificación vehicular obligatoria a la empresa estadunidense Worldwide Environmental Products, Inc. El programa se iniciará en septiembre y se calcula que la administración del morenista Jaime Bonilla Valdez capte al menos mil millones de pesos.
La verificación será requisito para los 2 millones de vehículos que transitan de manera legal por Baja California, a los que se sumarían aquellos introducidos ilegalmente desde Estados Unidos y que se integrarían al programa de regularización conocido como Bonillapromex.
En el más reciente contrato de proveeduría, esta empresa de California cobra 100 pesos por verificación y la entidad gubernamental aplica al propietario del vehículo una cuota de 500 pesos y 50 más si el trámite es extemporáneo.
Fuentes consultadas advirtieron que se trató de un contrato por adjudicación directa, como prácticamente todas las obras y servicios del gobierno bonillista, aunque justificaron que el decreto se publicó el 23 de julio y “se requiere más tiempo para una licitación pública”.
La administración estatal logró que el Congreso local, con mayoría de Morena, modificara la Ley de Entrega y Recepción a fin de eliminar las restricciones para otorgar concesiones y servicios durante la transición gubernamental.
El secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dio a conocer a la prensa local que Worldwide Environmental Products, Inc. fue seleccionada entre 13 propuestas, sin precisar el tiempo de la concesión, los criterios ni las condiciones del servicio, incluido el precio.
En el ámbito nacional hay 16 estados que cuentan con programas de verificación de vehículos acorde a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Esta empresa surgida en California en 1984 y con presencia en 10 entidades de Estados Unidos y tres mexicanas, ofrece servicios de análisis de emisiones de vehículos de gasolina y diésel que miden indicadores como opacidad, humo y partículas, entre otros.
Durante la administración del panista Guadalupe Osuna Milán se concesionó la verificación vehicular a una empresa mexicana.
El programa nació obligatorio, pero se fijó un periodo de un año de socialización en el cual los propietarios de vehículos iban a los verificentros voluntariamente. Al segundo año, el programa se vinculó con la renovación de placas de circulación a un precio de cuatro salarios mínimos que representaban 400 pesos, de los cuales una cuarta parte se destinaba a la hacienda estatal.
En 2014, el gobernador panista hizo voluntario el programa y su condicionamiento a trámites vehiculares, lo que provocó que se vaciaran los verificentros instalados en los cinco municipios de la entidad. La concesión de cinco años concluyó y ya no la renovó el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid.
Esta empresa obtuvo en 2019 el contrato de proveeduría técnica para el programa de verificación vehicular obligatoria de Jalisco, con una propuesta de 99 pesos con 76 centavos por cada vehículo inscrito en esa entidad.
Para 2021, el gobierno jalisciense aplicó el programa Verificación Responsable, por el que cobra 500 pesos por unidad y 50 pesos más si es extemporánea.
