No alcanzó el número de votos para que la consulta popular del domingo fuera vinculante. Se requerían poco más de 37 millones para ello y en los hechos sufragaron alrededor de 7 millones de mexicanos, en un ejercicio en el que la presunta autoridad electoral jugó muy sucio, siempre a favor de la mafia encabezada por los cinco últimos inquilinos de Los Pinos.

Sin embargo, en el ejercicio dominical arrasó el Sí: alrededor de 98 por ciento del total de votos, mientras el No apenas representó 1.5 por ciento y las abstenciones hicieron la diferencia para redondear el 100 por ciento. Con todo, el resultado no fue suficiente para que la consulta popular lograra su objetivo, es decir, que fuera vinculante.

La ley de Consulta Popular es una camisa de fuerza que desalienta a la democracia participativa, pues establece que “el resultado de cada uno de estos ejercicios tendrá carácter vinculante sólo si se alcanza 40 por ciento de participación del listado nominal”. En cambio, para una elección “normal” (democracia representativa) un voto de diferencia resulta más que suficiente para declarar ganador a uno u otro candidato “popular”.

Si a lo anterior se suman las sucias maniobras de las cabezas visibles del Instituto Nacional Electoral (INE) –como el “ratón loco” que echaron a caminar el domingo–, entonces la democracia participativa nunca trascenderá el discurso, y menos si la mafia instalada allá por Viaducto Tlalpan permanece ahí.

Previo al ejercicio dominical corrió mucha tinta y se escucharon histéricos gritos para reclamar el “derroche” que significaba gastar alrededor de 500 millones de pesos de recursos públicos para realizar la consulta popular. “Un río de dinero desperdiciado, un ejercicio alocado”, repitieron hasta quedarse roncos.

Bien, pero si en realidad ese es el problema, el quid de sus frustraciones, entonces los gritones oficiales y oficiosos tendrían que considerar lo siguiente: esa cantidad, y algo más, es gastada (y todos los años crece) sólo por tres oficinas delINE. Así es: la presidencia del consejo –con Lo-renzo Córdoba al frente– goza de un presupuesto de 70 millones de pesos, los consejeros electorales tienen a su disposición 250 millones y la secretaría ejecutiva, 202 millones adicionales. En total, 522 millones de pesos, sólo en este año.

Si se incluyen todas las áreas del INE y las empresas privadas disfrazadas de partidos políticos que gozan de prerrogativas, entonces el reclamo de los gritones tendría que ser estruendoso, porque sólo en 2021 gastarán cerca de 27 mil millones de pesos, todos provenientes de los impuestos que pagan los mexicanos. Pero los vocingleros creen que el problema es gastar 500 millones en una consulta popular.

Y la situación empeora cuando se recuerda que en lo que va del presente siglo el IFE/ INE, más los partidos políticos y los “vigilantes” electorales (Trife y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) han gozado de presupuestos conjuntos y acumulados por alrededor de 350 mil millones de pesos (85 por ciento de ellos pa-ra los muchachos de Instituto Federal/Nacional Electoral), todo para que la democracia participativa sea bloqueada, porque para ellos no es negocio.

En vía de mientras, el presidente López Obrador consideró que “independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala y no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano; felicito a todos los que participaron en la consulta ciudadana, la primera constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente; el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”.

La democracia, dijo, “no se agota en elecciones de diputados, senadores, alcaldes, diputados locales, gobernadores, presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena; eso ayuda a que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas, pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada tres años, cada seis años y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, a prepararse, que vendrán más consultas populares y en la agenda ya está la de 2022.