La Ciudad de México se sumará a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a las personas acusadas de delitos no graves con más de 10 años en prisión sin sentencia, con enfermedades y detenidos bajo tortura. En este último rubro, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina tiene documentadas 479 víctimas, de las cuales en 49 casos se tiene acreditado que interfirió en su proceso penal.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se trabaja con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con la asesoría del Poder Judicial de la ciudad, en el decreto que se emitirá para llevar a cabo dicha acción, en tanto se estudian los casos de los presos que pueden acceder al beneficio.

Ayer, la titular del Ejecutivo local y 17 gobernadores electos y en funciones de Morena emitieron un pronunciamiento para anunciar su adhesión a la propuesta del Presidente de la República, al señalar que “las cárceles del país están llenas de personas injustamente retenidas por años, muchas veces por delitos menores y sin haber sido sentenciadas.”

Por tal motivo, invitaron a los demás mandatarios estatales a sumarse a esta decisión por razones humanitarias y de justicia social, añade el documento firmado por Sheinbaum Pardo y los gobernadores en funciones y electos de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

De su lado, la titular de la CDH, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que a petición de la jefa del gobierno capitalino se revisarán todos los casos de tortura que el organismo ha documentado en 44 recomendaciones para garantizar que todas las víctimas puedan acceder a su liberación cuando se haya violado su derecho al debido proceso.

Agregó que hay otros 150 casos que están reportados como tortura en otros contextos que también serán revisados; además, también se estudia el caso de un hombre preso en el Reclusorio Oriente que tiene 21 años en prisión preventiva, es decir, no se le ha dictado sentencia y también sería uno de los casos a investigar para su reparación.