Los productores de semillas buscan “modernizar” la Ley Federal de Variedades Vegetales (de lo cual hay una iniciativa en la Cámara de Diputados), pero con ella se corre el riesgo de la biopiratería –la privatización del conocimiento y recursos genéticos de las comunidades– y de que se criminalice la actividad ancestral de recolectar e intercambiar pepitas, señalaron representantes de las organizaciones Sin maíz no hay país y Semillas de vida.

En tanto, Mario Puente Raya, director de la Asociación Mexicana de Semilleros, declaró en entrevista que la referida legislación, publicada en 1996, no ha tenido grandes actualizaciones, pero ahora el cambio climático y la apertura comercial están transformado la agricultura, por lo que ese marco jurídico quedó rebasado y, por ello, proponen modernizarla.

México es parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y esta adherido al Acta del convenio de 1978, la cual privilegia el derecho de los agricultores de intercambiar semillas, pero la de 1991 hace énfasis en las patentes. El país aún no se ha incorporado a esta versión, aunque para algunos expertos en la materia, con la firma del T-MEC, con Estados Unidos y Canada, y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, será ineludible.

Nos obstante, Mercedes López Martínez, de la campaña Sin maíz no hay país, advirtió que bajo el protocolo emanado de la UPOV 91 es posible que, de manera adversa, las grandes transnacionales “patenten una serie de semillas y despojen de la posibilidad de emplearlas a las comunidades que las desarrollaron; no hay equilibrio de fuerzas”, por lo que plantea que México se quede en el acta 78.

Solución adversa: Sin maíz no hay país

“Hay quienes dicen: ‘que las comunidades registren sus semillas’, pero no tienen el conocimiento ni posibilidades de hacerlo, porque están enfocadas en mejorarlas y diversificarlas todos los días”, agregó López Martínez, y es ahí donde está el riesgo de la biopiratería: “cuando las empresas empiezan a trabajar en el ADN de las plantas se quieren adueñar de su uso mediante las patentes, incluso hay grupos académicos que se apropian del germinado”.

Malin Jönsson, de la organización Semillas de vida, indicó que la práctica de los campesinos de recolectar pepitas para sembrar, en particular de maíz, para su producción, ya sea de autoconsumo o para comercializar, se debe respetar, pues es la forma en que se han desarrollado los alimentos.

“No hay que olvidar que con el control de las semillas se domina la vida”, sentenció Jönsson.

Puente Raya opinó que, desde la visión empresarial, “hay casos en que las compañías desarrollan cuescos para mejorar las siembras, pero llegan terceros y los piratean, con lo que los primeros pierden la posibilidad de recuperar su inversión”.

Aseveró que es falso que con la iniciativa de modificación a la Ley Federal de Variedades Vegetales se criminalice a los campesinos, porque la legislación “aplica para variedades mejoradas, no para granos nativos. Esa es una práctica de la agricultura: el intercambio” y apuntó que en la propuesta que analizará el Congreso se menciona que el agricultor puede sembrar pepitas mejoradas si es para consumo familiar, “si la emplea para hacer negocio, entonces sí hay un trato diferente, pues debe tener contrato con el dueño de ese material, como sucede con cualquier otro desarrollo”.