Los gobiernos neoliberales, desde Salinas de Gortari, han cedido nuestra soberanía jurídica ante empresas trasnacionales mediante la firma de tratados de libre comercio, como el TLCAN, T-MEC y el Tratado Transpacífico (TPP). Un paso importante para el gobierno actual y el propósito de terminar con el neoliberalismo y defender los recursos energéticos, sería evitar a toda costa en el TLC con la Unión Europea (TLCUEM), actualmente en renegociación, mecanismos de arbitraje supranacional y asegurar que las trasnacionales europeas se sujeten a los derechos humanos en México.
Como hemos documentado en Desenmascarados: los derechos corporativos en el renovado TLCUEM (https://bit.ly/37cj8no) diversas empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales en México, desde empresas de energía eólica, como la española Unión Fenosa en el istmo de Tehuantepec hasta firmas acaparadoras de agua, como Aguas de Barcelona en Coahuila. Recientemente la organización de derechos humanos Prodesc, en conjunto con contrapartes europeas, publicó el informe Vigilancia sin voltaje (https://bit.ly/3lcXZ4J). Allí se documenta cómo Francia ha hecho la vista gorda ante la extensa violación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Unión Hidalgo, como resultado del proyecto de energía eólica de la compañía Électricité de France (EDF) –firma perteneciente al Estado francés en 83 por ciento–.
En vez de abordar estas graves deficiencias, “modernizar” el TLCUEM no es más que un eufemismo para aumentar los derechos de los inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre protección de inversiones con un mecanismo de arreglo de disputas inversionista-Estado, dado que hasta ahora estas se dirimen bajo los tratados bilaterales de inversión que México tiene con 15 países europeos.
Además de que el TLCUEM ha tenido para México consecuencias negativas en términos comerciales –desde la entrada en vigor del TLCUEM México tiene una balanza comercial acumulada con la UE con un déficit de 404 mil 679 millones de dólares (cálculo propio, según datos de la Secretaría de Economía)– un capítulo de protección a las inversiones aumentaría el peligro de ser objeto de multimillonarias demandas de empresas petroleras, gaseras, de energía y otras.
El Sistema de Corte de Inversiones desarrollado por la UE (https://bit.ly/3id95oB), que pretende imponer a México, acentuará el desequilibrio entre derechos vinculantes para grandes empresas y directrices voluntarias en relación con el respeto de los derechos humanos. El actual acuerdo global con la UE que incluye el TLCUEM dispone de una cláusula democrática que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por recurrentes violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los 20 años que han transcurrido desde que entró en vigor, la UE y México las han ignorado. Si México y la UE desean modernizar su relación, debería ser con el objetivo de corregir ese desequilibrio en favor de las trasnacionales y no ampliando sus privilegios, especialmente otorgando el derecho de recurrir a tribunales supranacionales secretos diseñados a su medida, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
Es necesario poner atención: cuando en el T-MEC deje de operar la “cláusula de legado” que da tres años de extensión al capítulo 11 del TLCAN para que empresas puedan seguir demandando a los países, se restringirá la “protección de inversiones” entre México y EU a contratos gubernamentales con empresas de sectores de la energía, petróleo y gas, infraestructura y telecomunicaciones. Bufetes de abogados como Baker McKenzie recomiendan a otras firmas estadunidenses usar otros tratados internacionales de inversión para demandar a México.
Esto es lo que se denomina ir de “paseo de compras de tratados”. Muchas empresas no tienen más que abrir un domicilio postal –Holanda es un país favorito– para además de evadir impuestos demandar a un país con el tratado de inversiones que más les convenga.
El gobierno mexicano, además de evitar que empresas extranjeras puedan recurrir a tribunales supranacionales, debe asegurar que en el TLCUEM no se incluya la cláusula de “expropiación indirecta” que otorga el derecho a empresas a exigir “compensaciones” por pérdida de las ganancias esperadas, es decir, por inversiones que ni siquiera han realizado. Como ejemplo, en 2013 México tuvo que pagar 40.3 millones de dólares a la española Abengoa por la negativa del municipio de Zimapán, Hidalgo, a conceder una licencia para un depósito de residuos peligrosos que se encontraría a 2 kilómetros de una reserva natural y a menos de 500 metros de la comunidad indígena hñahñü.
Por estos riesgos, el gobierno de la 4T debe asegurar en la renegociación con la UE una participación amplia de sectores sociales y comunidades afectadas, para asegurar que los derechos humanos en el sentido más amplio, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tengan primacía por encima de las corporaciones trasnacionales. Se debe detener la inercia de gobiernos anteriores de negociar a espaldas del pueblo.
