Los promotores de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes llamaron a la creación de un tribunal de los pueblos, similar a los que se han conformado para indagar casos como la guerra de Vietnam o la dictadura chilena, con el fin de concretar mecanismos que lleven la justicia a las víctimas de crímenes perpetrados por el Estado y que fueron encubiertas por las mismas autoridades en el pasado para mantenerse impunes.
Encabezados por Ariadna Bahena y Omar García (sobreviviente de los hechos en los que desaparecieron los 43 de Ayotzinapa), y quienes se encargaron de recolectar las firmas que fundamentaron los requisitos legales para realizar la consulta, convocaron a la población, organizaciones civiles y partidos políticos a reunirse el 8 de agosto a mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México para presentar el plan de acción.
Ayer, al cierre de las mesas de votación, subrayaron que la creación de esta instancia la impulsan independientemente de los resultados de la consulta ciudadana, misma que consideraron un éxito por concretarse pese a las acciones de la derecha que buscaron “minar e impedir” su realización.
Bahena apuntó que el proceso no debe terminar con la consulta, sino aterrizarse con mecanismos de justicia transicionales que permitan el derecho a la verdad, a la memoria de las víctimas, a coadyuvar con el sistema de justicia para una reparación de los daños, esclarecer los hechos y garantizar la no repetición.
Como parte de las acciones para llegar a la verdad y la búsqueda de justicia, insistió, proponen la creación de un tribunal de los pueblos en el que “figuras de reconocido carácter ético puedan juzgar, a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho mexicano, los hechos de violaciones de derechos, crímenes de lesa humanidad, contra la economía popular y el saqueo generalizado del país”.
También colocaron en este renglón los crímenes perpetrados contra el medio ambiente, violaciones al derecho a la información y los que “comprometen el futuro de varias generaciones”.
El primer caso de una instancia de este tipo fue el Tribunal Russell o Tribunal Internacional que analizó los crímenes de guerra en Vietnam, explicó Omar García.
Aclararon que el tribunal es complementario a la comisión de la verdad propuesta por actores políticos, ya que dicha comisión debe sesionar en privado apegado a las leyes locales, mientras que el tribunal permite un foro público para las víctimas y deriva en soluciones profundas con la participación de la ciudadanía.
