Ciudad de México. El caso de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y un efectivo de la Secretaría de Marina que fueron asesinados por agentes de la extinta Policía Federal el 24 de agosto de 2012, cuando viajaban en un vehículo con placas diplomáticas en Morelos, fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitud de un tribunal colegiado, el cual consideró que tiene repercusiones en la política internacional que hacen necesaria la intervención.

Los hechos ocurrieron cuando los policías federales investigaban el secuestro de un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ocurrido el día anterior, en la zona de Tres Marías, en Huitzilac, Morelos. Según declaraciones de los responsables, recibieron instrucciones de sus superiores para laborar en vehículos no rotulados y sin sus uniformes.

Fue así como se cruzaron con la camioneta blindada Toyota Land Cruiser GXR que transportaba a los agentes de la CIA, conducida por el marino, quien no hizo caso de los policías vestidos de civil cuando le marcaron el alto. De ahí se originó una persecución que terminó con el tiroteo en el que murieron los tres.

Fue hasta agosto de 2014 que el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconoció que el ataque fue un error, para ese entonces los cinco agentes de la PF que dispararon ya habían sido sentenciados por homicidio y lesiones calificadas, abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, encubrimiento y delitos contra la administración de la justicia.

De acuerdo con los testimonios, durante el proceso sus superiores los presionaron para falsear las declaraciones, “pero al observar que no recibían el apoyo prometido decidieron declarar la verdad”.

Fue así como apelaron el fallo, por lo que denunciaron los interrogatorios ilegales que les practicó personal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sin la presencia de sus abogados defensores y ni siquiera del personal de la entonces Procuraduría General de la República.

Sostienen también que se quebrantó la cadena de custodia de los elementos de prueba con el envío de la camioneta a Miami, Florida, sin permiso de las autoridades judiciales mexicanas, un mes después de los hechos, para ser analizada en los laboratorios del FBI,

El caso, que el tribunal colegiado calificó como de “interés trascendental para la paz social y política internacional de la Nación”, fue asignado para su estudio al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.