Quienes acudieron a votar en la histórica consulta popular celebrada este 1 de agosto enviaron un claro mensaje en contra de la impunidad y a favor de la profundización de la transformación de la república. Las más de 6 millones de personas que alcanzaron a depositar sus papeletas en las urnas son verdaderos héroes de la democracia, ya que lograron superar tanto la infinidad de obstáculos logísticos colocados por el Instituto Nacional Electoral como las mentiras y la infodemia fomentadas por la mayoría de los medios de comunicación.

Sin embargo, una evaluación general de los resultados de la jornada electoral no arroja un saldo favorable para la rendición de cuentas, sino todo lo contrario. Una votación de 7 por ciento del electorado no solamente se queda muy por debajo del 40 por ciento requerido para que los resultados sean vinculatorios, sino que tampoco genera un contexto de exigencia política hacia la Fiscalía General de la República o el Poder Judicial para que procesen y condenen a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a sinnúmero de otros “actores políticos del pasado”.

El mensaje que envía la población en general es que está de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a poner un “punto final” sobre los delitos del pasado para “no quedarnos anclados, no empantanarnos en acusaciones, en juicios y en denuncias como era costumbre en sexenios anteriores” (véase: https://bit.ly/3zZb6ut).

López Obrador ha señalado en numerosas ocasiones que si bien no se deben “olvidar” los delitos del pasado, sí habría que “perdonar” a los delincuentes del pasado para evitar “meternos en un proceso de confrontación que nos va a distraer de nuestro objetivo de transformar a México” (véase: https://bit.ly/3ihehYm). Apenas este viernes pasado, el Presidente señaló que su voto en la consulta sería a favor del “no”, es decir en contra de enjuiciar a los expresidentes.

Es también importante darnos cuenta de que 6.5 millones de votos no son de ninguna manera suficientes para ganar el ejercicio de revocación de mandato de 2022 ni las elecciones presidenciales de 2024. Urge asumir estos resultados críticamente y tomar medidas inmediatas a favor de la construcción de un partido robusto y participativo capaz de movilizar masivamente a la población en defensa de la Cuarta Transformación (véase: https://bit.ly/3ihuCfZ). Si Morena no estuviera hoy congelado en la ilegalidad y carcomido por el elitismo y el burocratismo (véase: https://bit.ly/3fn04r7), los resultados electorales de la consulta popular sin duda hubieran sido mucho más favorables.

Ahora bien, con el fin de dar reconocimiento y cauce a las más de 6 millones de valientes voces expresadas en las urnas, anoche cuatro representantes del comité ciudadano a cargo de promover la consulta anunciaron (véase: https://bit.ly/3fmZz0d) la creación de un “Capítulo México” del “Tribunal de los Pueblos” inspirado por el reconocido Tribunal Russell organizado por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre en 1966 para realizar un juicio simbólico y ciudadano de las atrocidades cometidas por los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam (véase: https://bit.ly/2TOcXTD).

Este anuncio constituye un valioso esfuerzo a favor de la justicia transicional y la rendición de cuentas. Sin embargo, los organizadores al parecer desconocen los innumerables esfuerzos similares que ya se han llevado a cabo en el país. Por ejemplo, el Tribunal Permanente de los Pueblos ya sesionó en México entre los años 2011 y 2014 (véase: https://www.tppmexico.org/). Durante este periodo se llevaron a cabo cientos de audiencias e informes encaminados hacia una “Audiencia final” que tuvo lugar entre el 12 y el 15 de noviembre de 2014 y que produjo un formidable “Juicio al Estado mexicano por violencia estructural” que debe ser de lectura obligada para todos y todas interesadas en la justicia transicional en nuestro país (véase: https://bit.ly/2TOUkir).

Los promotores del nuevo esfuerzo por constituir un tribunal popular en México también tendrían que tomar en cuenta los enormes esfuerzos ya realizados por numerosos abogados y organizaciones civiles para presentar casos a la Corte Penal Internacional a favor del enjuiciamiento de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El primer caso fue presentado en La Haya por el joven abogado Netzaí Sandoval en 2011 con el respaldo de más de 20 mil ciudadanos (véase: https://bit.ly/3xhCCSq). Desde entonces, se han acumulado otros expedientes importantes, por ejemplo el elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre los crímenes de Estado en Baja California (véase: https://bit.ly/3yilZax) y la denuncia presentada por Arturo Peimbert desde la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (véase: https://bit.ly/3zWjr2b), entre otros.

Tampoco podemos olvidar tanto de las numerosas audiencias y asambleas llevadas a cabo como parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia en 2011 como de los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación, conducidos por Loretta Ortiz Ahlf y Alfonso Durazo durante el periodo de transición entre gobiernos en 2018.

En lugar de reinventar la rueda, los organizadores del importante nuevo esfuerzo de rendición de cuentas harían bien en conocer a detalle los otros esfuerzos con el fin de aprender del camino ya andado así como generar una alianza social sólida y plural capaz de lograr una transformación de raíz en el viejo sistema de impunidad, violencia y saqueo.

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