Mexicali. A tres meses que concluya su gestión, el gobierno de Baja California otorgó la concesión del servicio de verificación vehicular obligatoria a la empresa estadunidense Worldwide Environmental Productos, Inc.

En el más reciente contrato de proveeduría, esta empresa de California cobra 100 pesos por verificación y la entidad gubernamental le aplica al propietario del vehículo un precio de 500 pesos y 50 pesos más si el trámite es extemporáneo, aunque en otras entidades el precio supera los 800 pesos.

Fuentes consultadas advirtieron que se trató de un contrato por adjudicación directa, como prácticamente todas las obras y servicios de la administración de Jaime Bonilla, aunque justificaron que el decreto se publicó apenas el 23 de julio y "se requiere mayor tiempo para una licitación pública".

La verificación obligatoria será para los dos millones de vehículos que transitan de manera legal por Baja California, a los que se sumarían aquellos denominados "chocolates" que se integrarían al programa de regularización conocido como "bonillapromex".

También se anunció que el programa obligatorio de verificación vehicular iniciará en septiembre por lo que se estima que la administración de Bonilla Valdez capte al menos mil millones de pesos.

Para ello, el gobierno estatal solicitó y obtuvo del Congreso local, con mayoría de Morena, una modificación a la Ley de Entrega y Recepción para eliminar las restricciones para otorgar concesiones y servicios durante la transición gubernamental.

El secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dio a conocer a la prensa local el nombre de la empresa y su selección entre 13 propuestas, sin precisar el tiempo de la concesión, los criterios ni las condiciones del servicio, incluido el precio.

A nivel nacional hay 16 entidades federativas que cuentan con programas de verificación de vehículos de combustión interna, acorde a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Entre el desarrollo tecnológico de esta empresa de California, surgida en 1984 y con presencia en 10 entidades de Estados Unidos y tres mexicanas, se encuentran analizadores de emisiones de vehículos de gasolina y diésel que incluyen opacidad, medidor de humo y pruebas de partículas.

Antecedentes

Durante la administración del panista Guadalupe Osuna Milán se concesionó la verificación vehicular a una empresa mexicana.

El programa nació obligatorio pero se fijó un periodo de un año de socialización donde los propietarios de vehículos iban a los verificentros de manera voluntaria.

Al segundo año, el programa se hizo obligatorio con la renovación de placas de circulación con un precio de cuatro salarios mínimos que representaban 400 pesos, de los cuales un salario se destinaba a la hacienda estatal.

En 2014, el gobernador panista hizo voluntario el programa al quitarle lo obligatorio y lo vinculante en los trámites vehiculares, lo que provocó que se vaciaran los verificentros instalados en los cinco municipios de la entidad.

La concesión de cinco años concluyó y ya no la renovó el gobierno de Vega de Lamadrid.