Desde la aprobación de la denominada “reforma” energética de Enrique Peña Nieto, éste y sus corifeos no dejaron de presumir que con las modificaciones constitucionales que permitieron la incorporación plena del capital privado al sector energético nacional (aunque desde antes su participación resultaba más que notoria) se reducirían los precios de todo tipo de combustibles, entre ellos, desde luego, el correspondiente al gas licuado de petróleo (LP), el de mayor consumo en la República.
Como era previsible pasó todo lo contrario, y a raíz de la liberación de precios –producto de tal “reforma”– ha sido permanente el alza al consumidor en el combustible citado. La integrante de la Comisión Reguladora de Energía Norma Leticia Campos Aragón documentó que “al finalizar 2017 el precio del gas LP subió 33.3 por ciento y en 2020, 16.7 por ciento, pese a que la CRE presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica una denuncia al detectarse inconsistencias en la fijación de precios establecidas por agentes económicos que participan en la distribución del energético” ( La Jornada, Alejandro Alegría).
Sólo en el primer semestre de 2021 el precio del gas LP registró un alza superior a 20 por ciento –lo que impacta en la inflación– y parecía que la injustificable carrera alcista no tenía fin, en el entendido de que “a nivel internacional sí se han registrado bajas en los precios del energético, de tal suerte que no ha habido una trasferencia justa de precios al consumidor”.
Sin embargo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó una “directriz de emergencia para el bienestar del consumidor” de este combustible, debido a que “no ha recibido los beneficios anunciados con la reforma energética de 2013, la cual ha generado una escalada de precios internos de manera injustificada, con impactos en otros mercados”.
Mediante tal “directriz” la Sener solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fijar los precios máximos de venta del gas LP al consumidor, y ésta actuó en consecuencia al publicar la metodología que “incluye un listado en el que se podrá consultar el precio máximo por kilo o litro en las 145 regiones de precios en que la Secretaría de Economía divide el país, y hará lo propio cada sábado –den-tro de los siguientes seis meses–. Las diferencias de precios varían por los costos asociados a la logística de cada región” ( La Jornada).
Se trata, dice la Sener, de “garantizar el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP; que no fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro”. Así, a partir de ya los precios del combustible no podrá rebasar el límite fijado por la CRE.
Lo anterior se suma a la iniciativa presidencial anunciada tres semanas atrás, de crear una empresa del Estado denominada Gas Bienestar, “ante el injustificable incremento en el precio de ese combustible”, amén de que “no he podido cumplir el compromiso de que no se aumente por encima de la inflación; de lo que se trata es proteger a la economía popular”.
En esa ocasión, López Obrador detalló que en México “cinco grandes empresas distribuyen casi 50 por ciento del gas LP en el país y se quedan con márgenes de utilidad muy altos; aquellas tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta e incluso no dejan que haya competencia; Pemex vende a un precio y ellas lo revenden al consumidor a un precio muy elevado, mientras la Comisión Federal de Competencia Económica confirma, por su hubiera duda, que es un cero a la izquierda”.
Dicho combustible (cerca de 80 por ciento de la población lo consume) “se venderá a un precio lo más bajo posible y se dirigirá a la gente humilde; lo que más duele es cuando au-menta el precio del gas en el cilindro, a todos desde luego, el gas de tanques estacionarios, o sea, no debe aumentar como lo está haciendo”.
Las rebanadas del pastel
Lástima que no lo incluyan en los miércoles de “quién es quién en las mentiras”, pero no queda la menor duda de que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, es el candidato más esforzado para obtener, cada semana, el peleadísimo primer lugar.
