La preservación de las escuelas normales rurales debe ser una prioridad de todos los que defienden la educación pública en México, advirtieron especialistas durante el tercer conversatorio La importancia de las normales rurales y la lucha por su defensa, convocado por la Asamblea de Coordinación de las secciones 10 y 11 del magisterio disidente en la Ciudad de México.
En videoconferencia, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada y autor de diversas obras sobre educación y magisterio, destacó que desde 1940 enfrentan no sólo el abandono financiero del gobierno, sino una abierta campaña para impulsar su desaparición.
El normalismo rural, agregó, conjuntó dos de las más grandes aspiraciones de la Revolución me- xicana, el acceso a una educación gratuita, pública, laica y obligatoria, así como el derecho a la tierra, y para su consolidación, afirmó, tuvo maestros claves que forjaron un nuevo modelo educativo. Entre ellos, Raúl Isidro Burgos, fundador de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en Chiapas, y segundo director de la de Ayotzinapa, Guerrero; y Javier Fernández, fundador de la escuela de Tiripetío, Michoacán.
Destacó también a uno de los principales promotores de los planteles, el maestro y pedagogo José Santos Valdés, quien, entre múltiples aportaciones, redactó los primeros estatutos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), organización fundamental para el normalismo rural, fundada en 1935, seis años antes que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Al respecto, Juan Manuel Rendón, experto en temas educativos y ex director de la Benemérita Escuela Normal de Maestros, destacó las aportaciones del normalismo rural en la consolidación de un proyecto pedagógico propio para las comunidades campesinas, que fueron atendidas por miles de egresados de esas casas de estudio; sin embargo, advirtió que tras la desaparición, en 1969, de 14 de las 29 instituciones formadoras de maestros rurales, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, “los planteles restantes han mantenido una férrea e indómita defensa de su existencia, que se ha prolongado hasta la actual administración en la que la educación vuelve a ser una mercancía, como lo fue en sexenios anteriores”.
Por ello, señaló que su defensa no debe limitarse a la exigencia de recursos suficientes y atención a su infraestructura, sino también a la necesidad de rediseñar un plan de estudios, “pero desde la perspectiva de los docentes rurales y sin imposiciones de la visión neoliberal”.
