Ante el decreto que emitirá el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a personas en cárceles federales que se compruebe, mediante el Protocolo de Estambul, que han sido torturadas, la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos alertó lo riesgoso que resulta que sólo se otorgue este beneficio mediante el referido instrumento internacional.
En entrevista, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, argumentó que, en 90 por ciento de los casos, quienes practican el protocolo son peritos de la misma institución o fiscalía, que en muchos casos “han sido cuestionados por no ser suficientemente profesionales, ya que han ayudado a desvirtuar la existencia de la práctica de tortura”.
Expuso que hay fiscalías estatales donde no se tienen peritos especializados, como en Oaxaca, y por otro lado, no se reconoce a los expertos independientes.
En este sentido, señaló que de cara al decreto presidencial en preparación, se requiere hacer alusión “a todas estas situaciones para ver de qué manera se avanza en la capacitación de peritos y su certificación”, y que se haga una revisión de algunos Protocolos de Estambul de personas que han alegado tortura, pero que el peritaje lo niega, pues “quien lo practica es el personal pericial de la misma institución acusada de infligir castigo al procesado”.
Sobre los expertos independientes, indicó que, sin estar adscritos a ninguna institución pública, pueden presentar un dictamen del Protocolo de Estambul a favor de la víctima y el Ministerio Público “está obligado a analizarlo, pero lo que sucede, generalmente, es que la autoridad impartidora de justicia lo confronta con sus peritajes para desacreditarlo”.
Ante este panorama, también propuso que las organizaciones de derechos humanos sean invitadas a revisar estos temas, junto con la Secretaría de Gobernación, antes de que se emita el decreto presidencial de excarcelaciones.
