Ciudad de México. Hoy los ciudadanos mexicanos estamos convocados a participar en la consulta popular para decidir si se llevan a cabo “las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

La mera realización de esta jornada marca un hito en la vida cívica mexicana por ser la primera vez que se pone en marcha este mecanismo de democracia participativa, con el cual se busca involucrar a la ciudadanía en los asuntos de interés nacional, así como enviar un mensaje a las autoridades de los tres poderes y los tres niveles de gobierno acerca del sentir social en torno a los temas consultados.

Promovida por el Ejecutivo y por activistas en favor de la justicia, la consulta ha enfrentado la oposición de ciertos sectores de la clase política y la sociedad. Con diversos argumentos, quienes se oponen al ejercicio plebiscitario pretenden desacreditar un ejercicio que rescata la esencia de una organización política democrática: la deliberación de los asuntos de interés común y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.

No debe olvidarse que la posibilidad de celebrar la consulta es en sí misma una victoria sobre quienes se oponen a que se esclarezcan los crímenes del pasado reciente, e impusieron tantas restricciones a los mecanismos de democracia participativa previstos en la normatividad que, en los hechos, se volvió imposible utilizarlos.

En la recta final de la campaña para invitar a la ciudadanía a expresarse en la consulta, se dio un debate en torno a quién puede o no hacer difusión de este ejercicio. En este sentido, el consejero del Instituto Nacional Electoral Uuc-kib Espadas explicó que la Ley Federal de Consulta Popular no prohíbe a terceros hacer propaganda, salvo en el caso de las emisoras de radio y televisión. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que opinar sobre el desempeño de los políticos del pasado es un derecho ciudadano y puede ser promovido por quien sea, con independencia de su filiación.

Por el significado de que la democracia participativa se ensaye por primera vez a escala nacional, por la importancia de la memoria en la construcción de las opciones de futuro y por el deber cívico de acudir a la convocatoria de las urnas, cabe llamar a que los ciudadanos acudan a depositar su voto. Se trata de una oportunidad inédita en el país para emitir una opinión que puede resultar vinculante para las autoridades y sería lamentable desaprovecharla.