Bucaramanga. Seis militares colombianos fueron condenados a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años perteneciente a la etnia indígena embera katío.

Otro soldado fue condenado a ocho años de cárcel por actuar como cómplice, informó la Fiscalía el domingo.

Los siete soldados aceptaron los cargos y su participación en la agresión sexual cometida el 21 de junio de 2020 en una zona rural del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el oeste del país. Cuando ocurrieron los hechos los soldados servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, que tiene presencia en la región.

“El ente acusador, por medio de los fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Género y de la Seccional Bogotá, adelantó más de 160 acciones que evidenciaron la participación de estos militares en la agresión sexual a una niña de 12 años”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

La violación fue denunciada por las autoridades indígenas de la zona, e inicialmente informaron que “un número indeterminado de soldados del Ejército de Colombia” abusó sexualmente de la menor y la secuestró al mantenerla lejos de su casa más de 12 horas. Este último delito no fue incluido en la condena.

Tras el abuso, Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Do Kabu, aseguró en un comunicado que se trató de una agresión contra la dignidad de la menor como ser humano y contra todo el pueblo indígena. Los hechos, dijo el líder embera, defraudaron la confianza que depositaron en los miembros del Ejército como representantes del Estado.

La sociedad colombiana repudió el crimen y los militares fueron capturados pocos días después. La investigación fue asumida desde entonces por la Fiscalía y no por la Justicia Penal Militar, uno de los pedidos que hizo de manera enfática la comunidad indígena.

El presidente Iván Duque pidió celeridad en la investigación e incluso sugirió que les fuera aplicada la cadena perpetua. Sin embargo, para el momento de los hechos esta pena no regía aún.

En Colombia la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad entró en vigencia el 6 de julio de 2021. No es aplicable de manera retroactiva.

El caso de la niña embera en Risaralda abrió paso a otra denuncia similar, según la cual en septiembre de 2019 miembros del Ejército habrían abusado sexualmente de una menor de 15 años de la etnia nómada nukak makú, en Guaviare, en el sureste del país. En dicha investigación aún no hay una condena.