Pachuca, Hgo., Pobladores del ejido de Bomintzha, municipio de Tula de Allende, exigieron a la Procuraduría Agraria que intervenga frente a los gobiernos federal y estatal para que siete empresas mineras retiren un bloqueo que mantienen con piedras y troncos desde diciembre de 2020 en tres kilómetros de caminos interparcelarios y la carretera que une los parajes conocidos como El Chato y El Chirgo.

Los inconformes explicaron que el problema comenzó cuando la minera Minatitlán, La Palma, empresa Ejidal Hidalgo, Unión Campesina, El Donkin, la cooperativa Bomintzha SCL y Minera Juárez dejaron de vender insumos a la planta de la Cementera Cruz Azul, que se ubica en Jasso debido a que en ésta hay conflictos internos. Mientras resuelven su situación como proveedores, pretenden evitar que los habitantes que también se dedican de forma independiente a extraer material pétreo puedan surtirle a la cementera.

En entrevista, Marco Antonio Badillo Hernández, quien hasta el pasado 22 de julio fungió como presidente interino del comisariado ejidal de Bomintzha, manifestó que lo anterior puede provocar “el estallido de un conflicto social”, ya que el cierre de las vías ha impactado de manera negativa a lo largo de siete meses en la economía de la región, pues los campesinos han estado impedidos para transportar sus mercancías.

Badillo Hernández detalló que con el fin de buscar una solución y demandar que “se lleven a cabo las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito” en la zona, el pasado 16 de junio sostuvo una reunión con Julio César Orta Blanco, titular de residencia de la Procuraduría Agraria; acudió también el activista Alfredo Uribe Ramírez, de la organización social Jurado Nacional Ciudadano y otros vecinos.

En esa ocasión, agregó, también se requirió dar trámite a una solicitud a los gobiernos estatal y federal para que se efectúe el pago de una indemnización al ejido de Bomintzha por 76 hectáreas de tierra de uso común que fueron expropiadas en 1968 “de manera ilegal”, por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, para donárselas a la cooperativa Cruz Azul.

Según el acta de la reunión, Orta Blanco acordó con los ejidatarios solicitar la presencia de la Guardia Nacional y la policía estatal “por el brote de violencia causado por las problemáticas mencionadas”, y promover “mesas de trabajo para destrabar la disputa que hay entre cooperativistas de Cruz Azul”.

Uribe Ramírez recomendó al nuevo presidente del comisariado, Marcelino León, que dé continuidad a las gestiones de Badillo ante las autoridades agrarias para que los caminos sean despejados.