Ciudad de México. Aunque algunos indicadores económicos en México han comenzado a recuperarse de forma gradual, probablemente no será sino hasta el final de esta administración cuando se pueda llegar al mismo nivel que había en diversos ámbitos antes de la pandemia, por lo que el actual podría ser un “sexenio perdido” en materia de empleo e ingresos.

Así lo advirtieron investigadores especializados en el tema, quienes señalaron que aunque los programas sociales evitaron que los sectores más vulnerables se empobrecieran aun más –en particular los de zonas rurales–, dichos esquemas no han ayudado a disminuir la pobreza en términos generales, porque se le entregan a algunos grupos, pero a otros no, y existen fallas en su diseño y aplicación.

Roberto Gutiérrez, jefe del departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, señaló que si bien han comenzado a recuperarse algunos de los empleos que se perdieron por la emergencia sanitaria, el escenario sigue siendo difícil y la reactivación económica del país todavía se llevará un tiempo largo.

“Podemos tardar varios años; el cálculo es que hasta que se termine el sexenio, regresaríamos a los niveles que había al final del gobierno anterior, por lo que el actual podría tratarse de un sexenio perdido en términos económicos”, lamentó.

Al analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020 –dada a conocer el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, el académico señaló que aunque los programas sociales ayudaron a que los sectores más precarios no vieran agravada su situación, dichos apoyos sólo se le dan a grupos como jóvenes, adultos mayores o madres solteras, pero no a personas en edad laboral que han perdido sus empleos.

“No se ha reducido la pobreza, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho de aumentar los programas gubernamentales para familias de bajos ingresos, porque se le ha dado a los beneficiarios de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pero al tomar grupos pequeños, los efectos en la distribución del ingreso son similares a las políticas del gobierno anterior.

“No ha mejorado la distribución de ingresos con el nuevo método de asignación de recursos públicos. Por un lado, se saca de la pobreza a los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, pero por el otro lado, no se apoya a las personas desempleadas, porque no se hizo un programa de protección para quienes fueron desplazados del mercado laboral”, lamentó.

Por su parte, Fiorella Mancini, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que aunque la Enigh 2020 ofrece números “preocupantes” –como la caída en los recursos de 90 por ciento de las familias mexicanas–, en realidad no son datos inesperados.

Lo anterior, dijo, porque ya había indicios claros de que la pandemia de Covid-19 ha afectado seriamente los ingresos de la población de las grandes ciudades y ha frenado el reingreso al mercado laboral de las mujeres, en particular.

Un dato “fundamental”, de acuerdo con la especialista, es que la población beneficiaria de las instituciones públicas de salud se redujo en casi 15 millones de personas, y no sólo por quienes tenían un empleo formal y lo perdieron, sino sobre todo por los que se quedaron sin el esquema del Seguro Popular y no se afiliaron al Instituto de Salud para el Bienestar o ignoran que cuentan con ese beneficio.

Por otro lado, Mancini destacó que la reducción de la desigualdad de ingresos que documentó la Enigh 2020 no se debió a que las clases más desfavorecidas mejoraran su situación, sino a que la pandemia de Covid-19 generó una “pauperización” de las clases altas y medias.

A lo anterior se suma el hecho de que, según estudios de expertos en el tema, en la práctica sólo 30 por ciento de los hogares en México son beneficiarios de algún programa social, los cuales además no se concentran únicamente en los sectores más desprotegidos, lamentó.

“Todo converge hacia un aumento de la pobreza, la reducción de los ingresos en zonas urbanas y el problema de la heterogeneidad de los programas sociales, que llegan a muy poca gente, y en donde hay disparidad entre cómo llegan a los deciles más bajos y más altos de la población”, lo cual deja ver problemas en el diseño institucional de esos esquemas, apuntó la académica.