Uno de los sectores más castigados por la actual pandemia es el de las trabajadoras sexuales en todo el país. Aquí conviven todas las violencias posibles: física, social, económica y política, como quedó expuesto en el XXIV Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
La grave crisis económica detonó que el número de trabajadoras sexuales se incrementara en 100 por ciento en 25 de los 27 estados del país en los que trabaja la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, de acuerdo con un informe de esta organización que acompaña a las trabajadoras desde hace más de 25 años.
“Mucho de lo que habíamos ganado en los últimos años lo hemos perdido, no porque se haya dejado de trabajar en la calle, sino porque las instituciones no se han involucrado”, señala Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera, y advierte que con la llegada del coronavirus aumentó la extorsión por parte de la delincuencia organizada y las autoridades, además se incrementaron la violencia en las calles, los casos de trata de personas y los contagios de VIH.
El aumento del trabajo sexual, derivado de la crisis económica, se encontró con las restricciones sanitarias que orillaron a las trabajadoras sexuales a ejercer en la clandestinidad, la cual las expone a una mayor extorsión, por lo que exigen la reapertura de bares, cantinas y centros nocturnos con medidas de higiene.
En el encuentro se señaló que la crisis ha forzado también el desplazamiento de más mujeres centroamericanas que ejercen el trabajo sexual en Chiapas, donde aumentaron las agresiones por parte de clientes y autoridades, que ellas no se atreven a denunciar por temor a ser deportadas.
Por su parte, el colectivo Cihuatlahtolli de Orizaba, Veracruz, acusó que “con la pandemia se ha negado la posibilidad de acceder a la salud sexual”, pues, en lugar de repartir gratuitamente los condones, los funcionarios “comenzaron a venderlos u ofrecerlos a cambio de servicios sexuales sin paga”.
“Este Encuentro lo vivimos con más retos y coraje”, señala Elvira Madrid, quien exige al gobierno “una batalla efectiva” contra la delincuencia organizada.
