A partir del 1 de agosto, todos los servidores públicos del gobierno federal que hayan concluido su proceso de vacunación estarán autorizados para regresar a labores presenciales.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establecen nuevos criterios para reducir el riesgo de contagio de Covid-19 entre este sector de trabajadores, con base en las medidas determinadas por la Secretaría de Salud.
Al respecto, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) dio la bienvenida al acuerdo y destacó la necesidad de recibir insumos como caretas, cubrebocas, guantes y otros protectores. También subrayó la realización periódica de pruebas para detectar posibles contagios de Covid-19; la sanitización y fumigación de los inmuebles en las áreas de trabajo, así como que previo a su retorno a las actividades laborales tendrán que practicarse pruebas de Covid-19, con el principal objetivo de lograr cero contagios.
El acuerdo de la SFP indica que las personas servidoras públicas que aún no estén vacunadas o que tengan una discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y aquellas con enfermedades crónicas podrán continuar laborando a distancia.
En el caso de los días de trabajo presencial, las dependencias federales podrán establecer horarios escalonados para la asistencia de los funcionarios; además, se deberá hacer uso de las tecnologías de información y comunicación en reuniones de trabajo, para minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre los empleados del sector público.
Quienes regresen a las labores presenciales deberán tener acceso a servicios preventivos de salud, medidas de higiene, filtros de supervisión y sana distancia.
La SFP dijo que la aplicación de estos criterios no implicará la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes o erogación adicional alguna y que los periodos vacacionales podrán ser autorizados a criterio de los titulares de las Unidades Administrativas de su adscripción, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Pidió a los empleados públicos asumir “una conducta responsable, ejemplar y ordenada en el acatamiento de las medidas sanitarias”.
Este acuerdo de reincorporación no se aplica al personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad, así como a la Guardia Nacional e instituciones ligadas a la protección civil.
