Ciudad de México. Ante las decenas de amparos que la agroindustria y transnacionales han presentado en contra del decreto presidencial que prohíbe el uso del glifosato y el maíz transgénico al 2024, organizaciones de la sociedad civil presentaron 12 amicus curiae o “amigo de la corte” a igual número de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa que atienden los juicios de amparo.

Greenpeace, la Colectividad Titular del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de todas las personas y El Poder del Consumidor, integrantes de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País presentaron elementos a los jueces para que salvaguarden el decreto.

Con los amparos, la agroindustria busca que los efectos y consecuencias del decreto que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato no le sean aplicados. En particular que no se realice la sustitución gradual del uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia y no se revoquen o nieguen autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado.

En un comunicado las organizaciones explicaron que la agroindustria argumenta que el decreto no es constitucional, a pesar de que es una medida encaminada a garantizar y proteger los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y a la biodiversidad de las personas.

Las organizaciones recordaron que México es centro de origen y diversificación de 64 razas de maíz y miles de variedades, con cientos de platillos, bebidas y rituales. “La conservación de la diversidad genética se ha logrado gracias al cultivo de variedades locales a partir de semillas desarrolladas y preservadas en los cultivos campesinos y el intercambio entre comunidades”.

Apuntó que la siembra de maíz está detenida a través de una medida precautoria emitida por los juzgados en 2013 a raíz de una demanda colectiva civil emprendida por 22 organizaciones civiles y 52 personas, misma que también enfrentó decenas de amparos de Monsanto y otras empresas.