Javier Duarte de Ochoa (JDO) es un nítido ejemplo de la virtual impunidad de los “servidores públicos” del pasado reciente. Impuesto como gobernador de Veracruz por Fidel Herrera Beltrán, un político priísta de gran marrullería y prosperidad económica, acrecentó en esa entidad el saqueo del presupuesto público, la permisividad redituable de la operación de grupos del crimen organizado y la violación sistemática de derechos humanos contra ciudadanos en general y, en particular, contra defensores de derechos humanos, activistas de causas sociales y opositores políticos.

A un mes de terminar su sexenio y con muchos problemas acumulados, terminó huyendo del cargo y del país, a pesar de que había sido uno de los gobernadores favoritos de Enrique Peña Nieto. Su salida la procesó, según declaraciones del propio Javidú (apodo que daban al citado mandatario estatal), con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los detalles mediáticos para anunciar su “salida voluntaria” del cargo, que asegura en realidad fue un acuerdo con Peña, fueron negociados con Osorio Chong, según Duarte de Ochoa, quien afirmó que el secretario de Gobernación “hizo una llamada por teléfono frente a mí y arregló la entrevista con Loret. Un día antes de la misma me reuní con directivos de esa televisora y con el periodista en una oficina de Lomas de Chapultepec. Nos pusimos de acuerdo hasta en las preguntas que se iban a hacer”.

Instalado en Guatemala a disposición de Peña, luego fue “localizado”, detenido y extraditado bajo acusaciones de las cuales subsisten las que lo mantienen en la cárcel bajo sentenccia: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y asociación delictuosa.

El tratado aplicable establece que un extraditado sólo puede ser juzgado en su país por los delitos de los que se le acuse formalmente en la solicitud del caso. Así que Javidú fue sentenciado a nueve años de prisión y al pago de decenas de miles de pesos y ya está en espera activa, presionando a través de sus abogados para que pueda salir de prisión a cumplir en su domicilio el resto del proceso o que por beneficios procesales sea declarado en libertad.

Todo el daño que Javidú hizo a Veracruz y su entorno regional, es decir, la multiplicidad de hechos de sangre, corrupción y frivolidad en el ejercicio de su poder comprometido con lo delictivo, no es materia de procesamiento judicial, sólo aquello por lo que fue extraditado de Guatemala.

En ese contexto, este sábado se cumplirán seis años del asesinato de cinco personas en un edificio de departamentos de la colonia Narvarte de la Ciudad de México. De ellas, dos venían tratando de escapar de la represión y el hostigamiento del gobierno de Duarte en Veracruz. Rubén Espinosa Becerril era fotoperiodista, dedicado a la cobertura de movimientos y protestas sociales y su trabajo se publicaba en agencias extranjeras y en medios nacionales; Nadia Vera, a su vez, antropóloga social, defensora de derechos humanos y promotora cultural.

Rubén había sido amenazado de muerte en Veracruz: “acuérdate de Regina Martínez”, le habían dicho en uno de los mensajes. Regina había sido corresponsal de La Jornada y de Proceso en la entidad y fue asesinada en circunstancias que siguen siendo denunciadas como un ataque por su labor periodística.

La línea de investigación sobre el siniestro poder veracruzano fue desahogada en cómodas diligencias de la administración de Miguel Ángel Mancera a las que se prestó a conveniencia el mencionado Duarte de Ochoa. Hubo tres detenidos por los cinco homicidios, quienes habrían actuado, según sus declaraciones, por motivos ajenos al periodismo y a la protesta social.

Este sábado, afuera del edificio de la Narvarte, habrá un acto en recuerdo de Espinosa, aunque sin convocatoria abierta a causa de la pandemia. También se realizará el Festival de Arte para no Olvidarte. Mientras, Javidú espera que pronto pueda dejar la cárcel y disfrutar de su riqueza acumulada. ¡Hasta el próximo lunes!

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