Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un decreto para liberar de manera anticipada a víctimas de tortura, adultos mayores de 75 años y a personas recluidas por más de 10 años sin sentencia.

Los posibles beneficiarios son presuntos responsables de delitos del fuero federal, aunque instó a los gobiernos estatales a promover medidas similares. Ante la prensa reconoció que la decisión es polémica; sin embargo, subrayó que nadie merece ser torturado y la práctica debe ser desterrada del país. “Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos… Cero tortura”, advirtió.

Instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, elaborar de inmediato el decreto para que las excarcelaciones se den a la brevedad, a más tardar el 15 de septiembre próximo.

En México hay actualmente 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales 94 mil 547 (43 por ciento del total) no han sido sentenciadas. De esta población, 87 por ciento están acusados por delitos del fuero común y el resto, 12 mil 358 internos, del federal, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

Si bien de abril de 2020 a la fecha han sido liberadas 6 mil 824 personas (casi todas por Covid-19), ahora podría beneficiarse un número superior, aún no definido.

El mandatario sugirió a los “de arriba”, de juzgados y tribunales, bajarse el sueldo, ahorrar y aplicar la austeridad republicana para contratar más gente, al tiempo de combatir la corrupción y la burocracia. En este punto insistió en la importancia de reformar el Poder Judicial.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que en México “no podemos andar con medias tintas ni con dudas. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben ser castigados”.

López Obrador detalló los objetivos del decreto: serán liberados los acusados por delitos no graves que hayan estado en prisión por más de 10 años, sin recibir aún sentencia.

Segundo, “adultos mayores (de 75 años o más) que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados”.

Tercero, serán excarcelados adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que no hayan cometido delitos graves. En este caso la Secretaría de Salud emitirá el diagnóstico correspondiente y la liberación no deberá pasar del 15 de septiembre.

Y, cuarto, “todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado”, “para cualquier delito”, “de cualquier edad, o sea, cero tortura”.

Cuando le preguntaron de los casos de Israel Vallarta y Brenda Quevedo –señalados como líderes de una banda de secuestradores del asunto Florence Cassez y sometidos a tortura–, respondió que como política de Estado su gobierno no permite ese mecanismo como medio para obtener una confesión.

“El planteamiento va a ser: el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos tortura en México, se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura”, subrayó.

Además, no se trata sólo de las élites, “muy dadas al uso de la fuerza” o de pedir, “como víctimas de un delito, que al responsable se le elimine, que no se le tenga consideración ni piedad, que ‘tiene que hablar y no le hace que lo torturen’. Pues eso no lo consideramos humano”.