En mayo de 1990, Carlos Salinas de Gortari, entonces inquilino de Los Pinos, anunció la reprivatización de la banca mexicana (expropiada en septiembre de 1982 por José López Portillo) bajo tres preceptos: “democratizar el capital para contar con un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con lo que se impedirán fenómenos indeseables de concentración, y vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización”.
El proceso de reprivatización de las 18 instituciones mexicanas arrancó en junio de 1991 y el primero en la venta de garaje fue Multibanco Mercantil de México, después conocido como Probursa; el último, Banco del Centro (Bancen), en julio de 1992. Oficialmente se informó que por la citada “democratización del capital”, el gobierno obtuvo alrededor de 10 mil millones de dólares.
En dos años, los nuevos propietarios de la banca (es decir, aquellos que “democratizaron el capital”, la mayoría provenientes del mundillo de la especulación bursátil) exprimieron y reventaron a las instituciones recién adquiridas, y en el periodo de transición gubernamental (de Salinas a Zedillo) resultaba más que obvio que más temprano que tarde explotaría la bomba, lo que sucedió en enero de 1995. Entonces, entró en acción el Fobaproa (creado por Salinas y puesto en marcha por Zedillo), y los 10 mil millones de dólares de ingreso por la “democrática” venta de las 18 instituciones bancarias se convirtieron en 100 mil millones de dólares de deuda ilegal que, sin más, fueron facturados a los mexicanos, quienes llevan 26 años pagando el desastre de la reprivatización salinista y el “rescate” zedillista, sin olvidar que aún restan alrededor de 50 años para que terminen de pagar el monstruoso adeudo heredado por los neoliberales.
Y en este asalto a la nación, el único banquero que terminó en la cárcel fue Jorge Lankenau Rocha, acusado de defraudación fiscal y diversos delitos financieros, quien fuera cabeza visible de los nuevos dueños privados de Banca Confía (entre otros el propietario de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco de la Vega), quien durante seis años durmió en el muy regiomontano penal de Topo Chico. Por lo demás, las raterías de los accionistas pasaron al Fobaproa.
De ese tamaño fue la desastrosa “democratización del capital” que terminó en pavorosa extranjerización del sistema financiero que opera en el país, sin olvidar las delicias fiscales que los banqueros “democratizados” gozaron por cortesía de los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, sin olvidar las de Peña Nieto.
Con la ilegal deuda del Fobaproa cargada a las espaldas de los mexicanos, el proceso de extranjerización de la banca que opera en el país tuvo su cereza del pastel (los activos para los nuevos propietarios y los pasivos para el Estado nacional): las españolas BBVA y Santander “engulleron” seis y dos –respectivamente– de las instituciones reprivatizadas por Salinas (Bancomer, Probursa, Promex, Unión, Oriente y Cremi, en el primer caso, y Mercantil Mexicano y Serfin, en el segundo); la trasnacional estadunidense Citigroup se quedó con dos (Banamex y Confía); el grupo financiero británico HSBC, con otros dos (Bital y Atlántico), y la canadiense Scotiabank con uno (Inverlat, antes Comermex). Sólo sobrevivió un mexicano: Banorte, que se quedó con Bancrecer, Banpaís, Bancen y Banoro. De entonces a la fecha esos seis corporativos acaparan alrededor de 80 por ciento del sistema bancario que opera en el país, aunque dos de ellos (BBVA y Citibanamex) se quedan con la mitad del pastel. Y en todos los casos sus utilidades son de cuento de hadas, siempre bajo el apotegma salinista de “impedir fenómenos indeseables de concentración” y con la máxima neoliberal: “la banca no deja de ganar y el Estado no deja de perder”.
En los últimos 26 años los mexicanos han pagado alrededor de un billón de pesos por el Fobaproa (ahora disfrazado de IPAB, gracias a panistas y priístas) y les resta otro tanto por cubrir de aquí al año 2070. Lo anterior es útil para entender por qué sólo en lo que va del presente siglo las utilidades acumuladas por la banca que opera en el país suman un billón 750 mil millones de pesos (incluidas los 78 mil millones que obtuvieron en el primer semestre de 2021), es decir, casi el saldo del Fobaproa (lo pagado y por pagar).
Las rebanadas del pastel
Entonces, el domingo a votar.
