San Salvador., Un juzgado salvadoreño ordenó ayer la detención preventiva del ex presidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informó la fiscalía. Sánchez Cerén no se encuentra en el país, por lo que el juez “ha resuelto librar oficio a Interpol” para que sea localizado y puesto a disposición de la justicia, declaró la fiscal Marisela Velásquez.
Además del ex mandatario, el juez solicitó la captura de nueve ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes por los mismos delitos, cuatro de los cuales también se encuentran ausentes, por los que también cursó por ellos un pedido a Interpol.
Se trata de los ex ministros Lina Pohl, de Medio Ambiente; Manuel Melgar, Justicia y Seguridad; Gerson Martínez, Obras Públicas; José Guillermo López, Agricultura; Cárlos Cáceres, Hacienda; Violeta Menjívar, Salud; Calixto Mejía, Trabajo; Erlinda Handal, Tecnología, y Hugo Flores, también de Agricultura. Todos fueron detenidos el pasado día 22.
“El juez conoció tanto de los imputados presentes como de los ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para los 10 procesados”, declaró a la prensa la fiscal, sin dar el nombre del juez.
Los delitos habrían sido cometidos en el primer gobierno de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que encabezó Mauricio Funes, de quien Sánchez Cerén fue vicepresidente.
Según la fiscal Velásquez, el juez determinó que “existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero”.
La detención provisional es por seis meses, mientras la fiscalía aporta las pruebas incriminatorias y se depura el proceso que comenzó el pasado jueves.
Los acusados “contribuyeron al desfalco que costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño”, aseguró el fiscal general Rodolfo Delgado.
Agregó que la investigación empezó en 2019 y es “una derivación” del caso conocido como Saqueo Público de 2009-2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80.8 millones de dólares para un periodo de cinco años en concepto de “gastos reservados” de la presidencia.
