Monterrey, NL., En la negociación del gobierno de Nuevo León con ejidatarios de Linares y Montemorelos sobre la construcción de la presa Libertad se sigue la doble estrategia de dividir a los inconformes y ganar tiempo para que sea la siguiente administración quien se encargue del problema, señaló el abogado Gerardo Jiménez Cantú, asesor de los labriegos.

Indicó que campesinos de los ejidos Dolores y San Julián, liderados por Ubaldo Chávez González, después de lograr un acuerdo con las autoridades, retiraron la tarde del martes un bloqueo que mantenían para denunciar las afectaciones a sus cosechas y al medio ambiente que ha provocado el desvío del río Potosí.

Sin embargo, el activista social, Raúl Ángel Rubio Cano, manifestó que los integrantes y autoridades de los ejidos de San Pedro de las Escobas y San Jacinto, ambos del municipio de Linares; San Juan de Vaquerías, de la localidad de General Terán, y La Barreta, de China; así como, dos ejidos de Tamaulipas, desconocen esa negociación “hecha a sus espaldas” y continuarán con su demandas de respeto a sus derechos de agua y de la indemnización que les corresponde.

En tanto, Enrique Torres Elizondo, secretario general del gobierno estatal, dio a conocer que se analizará cada caso para determinar quiénes resultan afectados por la obra y darles un trato justo de forma individual; “aclaramos muchas cosas, yo creo que era un tema de mala comunicación”, recalcó.

Al respecto, Jiménez Cantú dijo que el gobierno del estado lo que pretende es heredar este conflicto a la administración entrante, pues las labores de construcción continúan y “difícilmente le resolverán a la gente ahora”, pues si en dos años no lo han hecho, menos en dos meses.

“Les están haciendo promesas de candidato, pero realmente creo que están pateando el bote, ganando tiempo mientras avanzan los trabajos”, puntualizó.

El abogado añadió que ya se han interpuesto dos amparos y una acusación penal por falsedad de datos por parte de la autoridad y “todo depende que se decidan otros ejidos a promover amparos cuando se convenzan que no los van a indemnizar”.

El también sociólogo Rubio Cano reiteró que se seguirá el proceso legal iniciado desde el año pasado en contra del gobierno de Nuevo León y del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey.

Detalló que la presa Libertad, en caso de seguir adelante, quedará inconclusa, “apenas llegará a la zona de la cortina; pero eso no importa, la premura es ejercer la mayor parte de los 5 mil millones de pesos presupuestados para ésta”.

Aseguró que el embalse no tiene factibilidad, pues debe quitarse una planta de Petróleos Mexicanos que bombea gas proveniente de Texas, Estados Unidos y decenas de torres de Alta Tensión de la Comisión Federal de Electricidad.