Además de prevenir ilícitos “que se planifican y organizan dentro de los penales de la capital”, como la extorsión y el secuestro, la iniciativa con la que se transfiere la administración del sistema penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana, señala la necesidad de realizar una “depuración de la estructura penitenciaria que representa un factor de riesgo o cuenta con vínculos con agrupaciones delictivas”.

El proyecto enviado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, contiene un decreto para una nueva ley de centros penitenciarios que deroga a la actual y dispone la vinculación del sistema con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social con el fin de que familiares de internos conozcan y accedan a programas y acciones sociales de la dependencia, así como del DIF, y así se garantice el interés superior de los menores que permanecen con sus madres privadas de la libertad.

Otra facultad del subsecretario del sistema será ordenar y ejecutar, mediante una resolución administrativa, el traslado de internos en casos de delincuencia organizada o con medias especiales de seguridad, situaciones de riesgo para la integridad y la salud de personas privadas de su libertad y cuando esté en riesgo la gobernabilidad de un penal, por lo que se debe informar al juzgado competente dentro de las siguientes 24 horas.

Asimismo, desaparece el Instituto de Capacitación Penitenciaria y sus funciones de selección, entrenamiento y actualización del personal pasará a la Universidad de la Policía.

En su exposición de motivos, la iniciativa destaca el fortalecimiento de medidas y acciones para garantizar el derecho de los capitalinos a la seguridad, así como de las personas privadas de la libertad a vivir en condiciones adecuadas, libre de violencia y a su reinserción social.

El documento no prevé un plazo para la transferencia del sistema, pero entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. La Secretaría de Administración y Finanzas transferirá los recursos humanos, materiales y financieros de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, los cuales ejercerá aún la Secretaría de Gobierno, en tanto que la administración central tendrá 120 días para adecuar los reglamentos y emitir las disposiciones correspondientes.