Ciuda de México. A poco más de un mes del comienzo del ciclo escolar 2021-2022, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a acelerar la inmunización y a aumentar la cantidad de pruebas de detección del SARS-CoV-2.

En un mensaje Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general del organismo episcopal y Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la CEM, dijeron que se debe “ofrecer un esquema de vacunación, abierto a las fuerzas de la sociedad civil organizada, para llegar más pronto a todos los que necesitan ya contar con la inmunización”.

Desde su punto de vista, “hoy más que nunca, se requieren los esfuerzos académicos, científicos y técnicos capaces de implementar, en el menor tiempo posible, una mayor cobertura de vacunas, así como de pruebas de detección de brotes de Covid-19 y sus variantes”.

Los prelados indicaron que “frente a la emergencia educativa, sanitaria, económica y social”, se requiere de un “verdadero Estado social, que resguarde y promueva en primer lugar, la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de los más pequeños”.

El primer paso “es necesario reconocer que estamos ante una catástrofe educativa de dimensiones globales, que puede dejar fuera del sistema educativo a más de 250 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo”.

Es necesario “garantizar un programa estratégico general para el regreso presencial a la comunidad educativa, el próximo 30 de agosto, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada, con especial atención a las dolorosas situaciones de inequidad”.

Recomendaron “articular una respuesta gradual y solidaria para todos, y que reincorpore a los más de tres millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo nacional” y que se considere “la participación de las familias, en la formulación de protocolos adecuados a cada contexto y confirmados por la comunidad de cada plantel”.

También, “se debe redoblar el esfuerzo pedagógico, tecnológico e instrumental, de los programas de educación continua, para aquellos que por distintas razones no pueden regresar de manera presencial a la comunidad educativa”.

Consideraron que el desafío está, principalmente, “en la reconversión física y social, de cada comunidad escolar, a través de la generación de un pacto educativo local, entre directivos, maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, incluyendo autoridades civiles, académicos, asociaciones religiosas, entre otros.

Conminaron a realizar un “esfuerzo mayúsculo y proporcional en el gasto público, principalmente de la federación, que es quien (sic) ha centralizado los recursos, para reconvertir los centros escolares públicos y privados, en espacios en donde la comunidad educativa pueda organizarse, colaborar y responder a los desafíos más básicos”.

Estimaron que “la escuela debe estar abierta a actividades presenciales, en la amplia gama de interacción que puede ir desde las asesorías personalizadas y el uso de internet hasta sesiones con el escalonamiento debido, según el protocolo de bioseguridad, para estructurar grupos adecuados en tamaño, a cada situación”.

Dijeron que les “preocupa el seguimiento a sus vacunas (de los escolares), a su nutrición, a su seguridad ante el riesgo de maltrato o abuso; el complemento para materiales escolares o conectividad no son dádivas, sino justicia social distributiva, para atender a la compensación debida que favorezca la equidad”.

Exhortaron a “recuperar toda una estructura para la educación temprana, que antes de la Pandemia ya había sido restringida. No podemos arriesgar el porvenir de esta generación. Se requieren guarderías, estancias infantiles, pre-escolares, así como una atención integral y de calidad que garanticen las futuras condiciones educativas”.