El Vaticano., La primera audiencia del mayor juicio por corrupción y malversación en la historia de la santa sede empezó ayer en una sala de los Museos Vaticanos, donde comparecerá por primera vez el cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue destituido por el papa Francisco en 2020, luego de ser uno de sus asesores más cercanos y ocupar el cargo de sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, uno de los puestos más poderosos de la curia romana. Será juzgado con otros nueve acusados, entre empresarios y funcionarios religiosos.

El tribunal es presidido por el ex juez antimafia italiano Giuseppe Pignatone, quien determinará si el Vaticano fue defraudado por un grupo de empresarios o si la sede católica encabezó un sistema interno de corrupción. Los delitos a investigar son malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder, actos que causaron pérdidas millonarias en las cuentas vaticanas.

Entre los hechos de corrupción está la compra, muy por arriba de su valor real, de un lujoso edificio de 17 mil metros cuadrados en el elegante distrito londinense de Chelsea, que el Papa ha pedido vender rápidamente.

Entre 2013 y 2014 la Secretaría de Estado pidió prestados más de 200 millones de dólares para invertir en el fondo luxemburgués Athena, del empresario ítalo-suizo Raffaele Mincione. La mitad de la suma se destinó a la compra del 45 por ciento del edificio londinense y la otra mitad a inversiones en la bolsa.

Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros, sostiene la fiscalía, lo que provocó pérdidas bursátiles millonarias para el Vaticano. Para solucionar la situación financiera se nombró como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 55 millones de dólares y garantizó que el Vaticano figurara como único dueño del edificio.

Torzi, sin embargo, tomó el control de la propiedad (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.

Se investigará también lo que la prensa italiana denominó “el método Becciu”, pues el cardenal también pagaba cuantiosas comisiones a una mujer de 40 años, identificada por el diario The Independent como Cecilia Marogna, por realizar labores de inteligencia para ayudar a rescatar religiosos secuestrados en diversos países.

Marogna ya está en prisión acusada de usar fondos destinados a pagar el rescate de una monja colombiana secuestrada al pago de estancias en hoteles de lujo.