San Salvador Atenco, Méx. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco sostuvo que en Atenco se tiene pendiente la aplicación de justicia y castigo contra los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada; a quién han acusado de ser los autores intelectuales de la represión, acoso y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se cometieron en los años 2001, 2002 y 2006, principalmente, durante su lucha contra la edificación del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Ante ello, el FPDT llamó a las organizaciones y ciudadanía a salir a emitir su voto en la consulta popular en la que podrán decidir sobre enjuiciar a ex gobernantes que incurrieron en actos de corrupción y violación de derechos fundamentales, que se realizará el próximo domingo.

“Nosotros decimos que sí tenemos que salir a votar mas allá que es una oportunidad histórica. Es importante no solo acudir a la consulta sino ser consiente" de la trascendencia del ejercicio "para la justicia que necesitan nuestras comunidades particularmente en Atenco, para que podamos entender que esto que ha ocurrido", como "represión, asesinatos, violaciones de nuestras compañeras por parte del Estado Mexicano sólo por el simple hecho de defender nuestra tierra y luchar contra la construcción del nuevo aeropuerto”, dijo, César del Valle, uno de los dirigentes del FPDT.

Explicaron que Peña Nieto debe ser enjuiciado por ser el autor intelectual de la represión que se registró en mayo de 2006 cuando fuerzas policiacas federales y estatales tomaron el poblado de Atenco, asesinaron al estudiante de la UNAM, Alexis Benhumea y al joven Javier Cortés; detuvieron y encarcelaron ilegalmente a más de 200 campesinos y se cometieron agresiones sexuales contra las mujeres.

Agregaron que el ex presidente Vicente Fox fue el responsable del despojo de cinco mil 384 hectáreas de sus tierras, a través del decreto de expropiación en octubre del 2001 para la edificación del cancelado nuevo aeropuerto alterno a la Ciudad de México en Texcoco. Así también, de la represión montada un 11 de julio del 2002, cuando fueron detenidos 12 campesinos y asesinado José Enrique Espinoza, por los golpes de la policía.

“Lo que ha ocurrido en nuestras comunidades no tiene que volver a suceder y tiene que haber justicia para Atenco, para nuestras compañeras que fueron abusadas sexualmente; para Javier Cortés, para Alexis Benhumea y para más de 200 compañeros que fueron detenidos.

"Y a pesar de que fue demostrada su inocencia, que hubo abusos, no hay autores intelectuales detenidos y hasta el momento no ha habido justicia. Salieron libres nuestros compañeros, pero no ha habido justicia. “Peña Nieto ha reconocido que fue responsable del operativo que se llevó en Atenco en mayo de 2006; él es el responsable de irrumpir en nuestra comunidad, de los homicidios, violaciones y encarcelamientos y sentencias de compañeros de 112 años de prisión. La justicia aún está pendiente y no llega”, afirmó. César del Valle exhortó a la ciudadanía a salir y denunciar los actos de tortura y represión que ha cometido el Estado, en su conjunto en los tres niveles de gobierno.

Aseveró sin duda San Salvador Atenco es uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano y sus órganos de gobierno, en los últimos años.

Sin embargo, reiteró, actualmente no hay castigo ni a los autores materiales ni intelectuales de tales acciones violatorias a pesar de que, durante años, diversos organismos internacionales de derechos humanos, observadores civiles y organizaciones no gubernamentales las han documentado y dictaminado.

Sostuvo que también debe de haber castigo a los funcionarios menores que tuvieron intervención en los hechos de violación de derechos humanos en Atenco durante los últimos años como el ex procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; el ex jefe de la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México (ASE), Wilfrido Robledo Madrid; el exalcalde de Texcoco y hoy diputado local, Nazario Gutiérrez; el ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel.

“Se debe de castigar a todos los autores intelectuales, y son los que ahora ocuparon puestos importantes dentro del Estado, son los mismos que nos reprimieron hace mucho tiempo y se les premió con puestos, como si eso fuera una forma de obtener ese tipo de escalones”, afirmó el dirigente del FPDT.