En México, alrededor de 180 ingredientes activos altamente peligrosos todavía están autorizados para su uso como plaguicidas, de los cuales una tercera parte tiene una alta toxicidad para la salud humana. Esto a pesar de que en otros países al menos 140 de dichos ingredientes están vetados.
Aun así, la industria argumenta que su aplicación es segura y señala que entre 2016 y 2020 ha bajado el aseguramiento de productos pirata que “envenenan el campo mexicano”.
“El comercio de plaguicidas ilegales es preocupante, pero es una ilusión pensar que los plaguicidas químicos legales son seguros, pues también están envenenando y contaminando”, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), quien agregó que “también las empresas trasnacionales y de genéricos de la industria química en México venden plaguicidas altamente peligrosos, incluso prohibidos en otras partes del mundo”.
De las sustancias autorizadas hay unos 3 mil registros sanitarios, casi dos terceras partes están autorizados como insecticidas, el resto son fungicidas y herbicidas, indica la Rapam en un inventario de los productos.
En un comunicado, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos consideró muy preocupante que en 2016 se aseguraron más de 26 mil toneladas de agroquímicos ilegales y en 2020 fueron 108 toneladas.
Cristian García de Paz, director de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, dijo que el desarrollo de los productos de la industria se lleva unos 11 años de investigación y 100 estudios previos, así como una inversión anual estimada en 286 millones de dólares “para obtener la mejor fórmula que garantice la seguridad ambiental y toxicológica”.
Esta industria plantea “que los agroquímicos legales tienen años de investigación detrás y que protegen al campo. Cosa que no es totalmente cierta y, por ello, desde hace más de tres años se ha señalado que en el país se autorizan sustancias que en otros países son obsoletas”, señaló Omar Arellano Aguilar, especialista en riesgo ecológico del departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de ciencias de la UNAM.
Asimismo, expresó que “organizaciones sociales afines a la agroindustria buscan golpetear a la Cofepris y a la política de prohibición del glifosato y transgénicos. Esto pasa igual en Argentina con organizaciones que apoyan la soya transgénica”. Consideró que la Cofepris ha tenido una respuesta destacable ante la política hacia los plaguicidas altamente peligrosos, “aunque nos gustaría que se hiciera una transición más rápida”.
