La consulta popular permitirá, desde emprender acciones con “valor histórico y político”, hasta iniciar procedimientos para fincar responsabilidades, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mientras que los activistas que promueven el movimiento #quelacorteaclare subrayan que lo importante de este ejercicio democrático son las víctimas de la violencia y su derecho a conocer la verdad.

En el engrose del expediente “revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020”, la SCJN explicó que, conforme al artículo 13 de la Constitución, la consulta no podía personalizarse con nombres y apellidos, puesto que el ejercicio “no puede estar dirigido a un individuo o individuos en particular, como si su carácter y atributos fuesen la motivación para deliberadamente diseñar una consecuencia jurídica en su contra”.

Esta es la razón por la cual los ministros eliminaron los nombres de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, que aparecían en la pregunta original, planteada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre los efectos del ejercicio, la SCJN señala en el documento: “una vez que la población participe y se reúnan los requisitos necesarios para generar un resultado vinculante, el Presidente deberá encomendar a parte de sus órganos allegarse de elementos y evaluar los hechos ocurridos en el pasado y, de ser el caso, impulsar los procedimientos que correspondan”.

A pocos días de la consulta, ha comenzado un movimiento en torno al hashtag #quelacorteaclare, materializado en una solicitud de aclaración de sentencia promovida ante la SCJN.

Mecanismo inédito en México

Una de las promotoras de este movimiento, Kalycho Escoffié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, señaló que, independientemente de si se está de acuerdo o no con la pregunta que se plantea, “hay que entender que esta es la primera vez que utilizamos este proceso de consulta, es un mecanismo que en varios países existe desde hace tiempo, incluso para modificar sus constituciones, pero en México nunca lo habíamos hecho”.

Subrayó que aún antes de efectuarse, la consulta ya provocó un debate que hay que aprovechar, pues hasta el momento nadie se ha pronunciado a favor de no hacer nada, sino lo que se debate es el cómo.

La activista de derechos humanos señaló que la consulta es la oportunidad para comenzar un proceso de justicia transicional, donde se reconoce a las víctimas y su dignidad, y se busca reparar el daño que sufrieron, para frenar un ciclo de violencia.

Apuntó que estos procesos se han aplicado ya en países que sufrieron violencia institucional por parte del Estado.

Lamentó que algunos pretendan plantear la consulta en términos de sus filias y fobias hacia el presidente López Obrador o al ministro Zaldívar pues, dijo, lo importante aquí son las víctimas.

“Hay un proceso social en el que se está movilizando la esperanza, podemos tener muchas diferencias sobre qué significa eso y a dónde nos lleva, pero no hay que olvidar que en el centro de esto están las víctimas”, señaló.