El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que se destinarán 50 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de la Guardia Nacional (GN), con el propósito de que a finales de 2023 esta institución se encuentre consolidada “con todos los elementos, salarios justos y las condiciones necesarias”. El anuncio se produjo durante la inauguración de un cuartel de la Guardia en el estado de Veracruz, con el que se llegó a 180 sedes construidas de las 266 previstas.

Es previsible que la nueva partida presupuestal exacerbe las críticas enderezadas contra la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, algunas de las cuales se remontan a la concepción de la GN y arreciaron desde que el mes pasado el mandatario informó sobre su intención de transferir esta instancia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de evitar que se “eche a perder” como la extinta Policía Federal.

Es evidente que el complicado panorama de inseguridad y violencia existente en gran parte del país obliga a invertir cuantiosos recursos en la materia y resulta igualmente obvio que la Guardia Nacional sea la principal destinataria de estas asignaciones, puesto que es la corporación creada expresamente para afrontar el fenómeno delictivo y velar por la integridad física y patrimonial de la población. En este sentido, el reclamo de que el uso de la GN conlleva una militarización del territorio parte de obviar tanto el contexto en que surgió este cuerpo armado como la estrategia general en que se inserta su creación.

El contexto aludido fue el de la total ausencia de una fuerza pública capaz de hacer frente a la delincuencia organizada; tarea que exigía de una formación disciplinada, con orden jerárquico, entrenamiento intensivo, control sobre sus efectivos y presencia permanente en las regiones más afectadas por la violencia armada. Ante esta realidad heredada por las administraciones anteriores, a las autoridades actuales se les presentaban tres caminos: mandar al Ejército y la Marina a realizar labores indebidas; emplear a una Policía Federal ineficaz, aquejada por una enorme corrupción y carente de una presencia territorial significativa, o crear un nuevo cuerpo que desde luego no es perfecto, pero permite un mejor punto de partida.

Esta nueva corporación ciertamente se ha nutrido de elementos castrenses, pero no tiene nada que ver con la lógica militarista que alcanzó su peor nivel durante el Calderonato. Si antes se echó mano de las Fuerzas Armadas por su capacidad de fuego para lanzarlas a una absurda guerra contra los cárteles, hoy tienen el mandato de proteger a los ciudadanos, cambio que queda patente en las peticiones de habitantes de distintas regiones para que la Guardia Nacional sea enviada a sus comunidades. En esta nueva lógica, el combate a los grupos criminales se plantea desde una perspectiva de construcción de bienestar, en la cual la delincuencia es atacada en sus raíces mediante programas de garantías a la salud, la educación y los servicios elementales.

Quienes añoran la extremada violencia y la deshumanización del calderonato no parecen dispuestos a entender este cambio de paradigma, pero es importante que la mayoría de la población tenga presente que en modo alguno se busca repetir una guerra cuya principal víctima fue la sociedad, como saben los habitantes de urbes como Ciudad Juárez y los familiares de los miles de personas desaparecidas o ultimadas en ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional.