Aunque el Instituto Nacional Electoral aprobó las multas acumuladas más altas de la historia para un proceso electoral, con más de mil 300 millones de pesos, se quedó corto en sus alcances y sanciones porque tenía evidencias de lavado de dinero, financiamiento ilícito provenientes de triangulaciones ilegales del gobierno de Tamaulipas y operaciones con empresas fachada para esconder aportaciones irregulares, advirtió la consejera Carla Humphrey. Hay un enorme desafío de cara a la elección presidencial para acotar los márgenes de injerencia del crimen organizado y del narco.
En su balance sobre la fiscalización de ingresos y egresos en la campaña, Humphrey cuestionó que el INE no se haya atrevido a ir más allá, “aun cuando se contaba, en algunos casos, con prueba plena entregada por la Unidad de Inteligencia Financiera”, para ceñirse sólo a sancionar faltas de forma. Sin duda es importante, pero en algunos casos graves el INE determinó “voltear a otra parte” en vez de profundizar en la investigación.
Advierte como uno de los datos más graves el entramado de operaciones ilícitas para que, desde cuentas asociadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas se financiara la campaña del PAN en San Luis Potosí: “hubo financiamiento ilícito de entidades federativas en campañas de otros estados. Había prueba plena aportada por la UIF que el INE desconoció. Había 62 transferencias de 52 personas físicas y de tres personas morales, ligadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas”. Se desechó, por lo que ahora una eventual sanción provendría de una nueva denuncia partidista.
–¿Hubo operaciones con empresas fachada?
–Sin duda, tenemos casos comprobados. Hubo una queja que sancionamos de empresas fachada en que además uno de los candidatos formaba parte de esas empresas (Samuel García, gobernador electo de Nuevo León), creando un esquema de triangulación para evadir la ley electoral. Hacían transferencias a personas físicas, que a su vez transferían a cuentas de un partido, para evadir la ley que prohíbe aportaciones de empresas a partidos o candidatos.
–¿Había indicios de lavado de dinero en campaña?
–Sin duda. Lavado de dinero y esquemas de triangulación y otro tipo de estrategias para evitar el monitoreo de la autoridad electoral.
Para Humphrey, a pesar del nivel de multas impuestas, de que se identificaron gastos e ingresos no reportados de partidos que en algunos casos sí se sancionaron, hubo operaciones con empresas fachada. Más allá de contar con un complejo reglamento de fiscalización que, con formalidades, se convirtió en camisa de fuerza, el INE debe asumir acciones que internacionalmente se han adoptado para identificar lavado de dinero y transferencias de recursos ilícitos.
“Tenemos que ser mucho más conscientes de dónde están los grandes retos. Sin duda el mayor es evitar el financiamiento ilícito de campañas, la injerencia del crimen organizado, del narcotráfico, de recursos públicos que de manera ilícita se destinan a campañas electorales. Éstos no se atienden con esta cerrazón y solamente se ven faltas formales, hubo temas relevantes como los influencers, para deslindar si es libertad de expresión o aportaciones ilícitas de personas físicas con actividad empresarial”.
Se contaba con herramientas que no se utilizaron, se obtuvo información de la UIF desaprovechada para profundizar investigaciones, se desperdiciaron criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el carácter de prueba plena de datos proporcionados por instancias gubernamentales y se desestimaron estándares internacionales para investigaciones de lavado de dinero.
