La próxima semana todas las instituciones que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto signaron contratos con la empresa Tech Bull y otras compañías, distribuidoras del malware Pegasus, subirán a sus páginas web los documentos que ampararon las condiciones de instalación, trabajo y remuneración obtenida.
Funcionarios federales señalaron que durante este fin de semana ya se acondicionaron los espacios y trabajan en la recolección de información, como parte del seguimiento a lo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Integrantes del gabinete de seguridad refirieron que entre las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo Federal y que publicarán de manera íntegra los contratos con los que adquirieron el software Pegasus se encuentran las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como instituciones descentralizadas, entre ellas el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, que dependía en la anterior administración de la Secretaría de Gobernación.
Estos convenios fueron firmados desde 2014, durante la gestión de Felipe Calderón, por medio de Genaro García Luna, cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad (SSP) federal, mientras el resto de contratos se signaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y corresponden a empresas relacionadas con Pegasus y que han sido identificadas como Grupo Teca Bull, Balam Seguridad Privada, KBH Track, Proyectos y Diseños VmE, Grupo Comercial Vicra, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, Constructora del Centro y del Bajío.
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera refieren que además de estas instituciones, también la hoy Fiscalía General de la República adquirió y utilizó el software de origen israelí.
Durante el gobierno de Peña Nieto se pagaron 32 millones de dólares por la instalación y utilización de este software, con el cual se realizaron labores de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos.
